POR: DR. PHD. JAVIER FLORES AROCUTIPA
En el periodo 2020–2025, los gobiernos locales de la región Moquegua han destinado S/ 58,040,723 (cincuenta y ocho millones cuarenta mil setecientos veintitrés soles) a seguridad ciudadana. Si bien existe una tendencia creciente en la inversión pública, no hay evidencia empírica de que esta haya producido una reducción efectiva en los niveles de inseguridad.
En 2020, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) regional en seguridad ciudadana fue de S/ 5.8 millones (cinco millones ochocientos mil soles), mientras que en 2025 alcanzó S/ 12.2 millones (doce millones doscientos mil soles). El presupuesto anual más que se duplicó en solo cinco años.
Sin embargo, el 76% del total regional fue asignado a solo cinco municipios. El resto de distritos tiene asignaciones mínimas o nulas en varios años, lo que ha generado notorias desigualdades en la cobertura de servicios de protección ciudadana. Algunos distritos, como San Antonio, Chojata, La Capilla y Lloque, recién comenzaron a asignar recursos a partir de 2022.
EL CASO DE EL ALGARROBAL: ¿IMPROVISACIÓN?
Uno de los ejemplos más llamativos es El Algarrobal, cuyo presupuesto pasó de S/ 376 mil (trescientos setenta y seis mil soles) en 2022 a S/ 4.7 millones (cuatro millones setecientos mil soles) en 2024. Este salto plantea serias dudas sobre si existió un sustento técnico o diagnóstico delictivo que lo justifique. Sin una correlación con resultados tangibles, la asignación podría considerarse una improvisación presupuestal.
¿SE HA REDUCIDO LA INSEGURIDAD CIUDADANA?
La verdadera interrogante es si este aumento presupuestal ha impactado en la reducción de la delincuencia. Para ello, no basta observar montos: se requiere evidencia como: Disminución de delitos (robos, violencia familiar, pandillaje). Mejora en la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos. Coordinación efectiva entre serenazgo, Policía Nacional y juntas vecinales. Operatividad real de cámaras, patrullas, alarmas y centros de videovigilancia. Las decisiones presupuestales parecen estar más influenciadas por coyunturas o factores políticos que por una evaluación real de necesidades y riesgos.
VÍCTIMAS DE DELITO
Los datos del INEI e IPE revelan que, entre 2022 y 2025, la tasa de victimización en Moquegua aumentó en 12.3 puntos porcentuales. Este incremento representa más del 100% en términos relativos.
Como se observa en la tabla, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) regional en seguridad ciudadana pasó de S/ 5.8 millones (cinco millones ochocientos mil soles) en 2020 a más de S/ 12 millones (doce millones de soles) en 2025.
Pese a este aumento, la victimización también creció de forma sostenida, alcanzando niveles alarmantes: en 2025, 1 de cada 4 personas mayores de 15 años fue víctima de un hecho delictivo. Esta cifra evidencia una clara ineficiencia en el uso del gasto público destinado a seguridad.
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN ESCALADA
En 2023 se registró una leve caída en la percepción de inseguridad (67.9%), posiblemente debido a campañas de sensibilización, operativos visibles o inversiones puntuales. Sin embargo, este avance no se consolidó, y en 2024 se alcanzó el nivel más alto desde 2018: el 78.5% de los moqueguanos urbanos se sienten inseguros.
Esto significa que 8 de cada 10 personas creen que pueden ser víctimas de un delito en cualquier momento.
Moquegua enfrenta una crisis de seguridad en múltiples niveles: Victimización real en aumento: 24.3% en 2025. Percepción ciudadana al alza: 78.5% en 2024. Gasto público creciente: pero sin resultados visibles.
