POR: Nicolás Valdez C.

Cuando parecía que el caso Alberto Fujimori ya descansaba en los periplos de la historia y que de cierta forma solo se vivía su herencia en el desarrollo político que están haciendo sus hijos Keiko y Kenji; guste o no, la imagen mítica del patriarca genera muchas pasiones a favor y en contra que dividen al país.

La revocatoria del indulto que hizo hace algunas horas el Juez Hugo Núñez Julca, ha traído zozobra al país y ha despertado todo tipo de manifestaciones; desde el Ministerio de Justicia que representa al Ejecutivo el cual manifiestan respetaran el fallo para prevalecer la autonomía de los poderes, hasta llantos, marchas, troles en las redes etc, etc. En este momento los abogados de Alberto Fujimori, estarán preparando todos los argumentos jurídicos para apelar esta determinación, caso contrario el viejo ex presidente, tendrá que ir preso a seguir cumpliendo los 25 años que se le ha dictaminado por el caso Barrios Altos y La Cantuta.

El contexto político que se dio el indulto fue muy difícil para el país. Como consecuencia de ello se trajo abajo un presidente y se generó muchos cuestionamientos que perdura hasta el día de hoy, pero acentúa una historia de mucha data y que está en la mente de los peruanos, aunque también hay que decirlo, gran parte de la población desde años atrás, deseaba ver libre al ex presidente Alberto Fujimori, muy al margen de su culpabilidad o no.

La mayoría de los peruanos finalmente asimiló el costo beneficio del final de la guerra subversiva; las muertes de ambos lados entre militares y terroristas y gente civil inocente. Mal o bien, el estigma de la pacificación recayó finalmente en el polémico controversial ex presidente que hoy nuevamente es fuente de la división del país.

Más allá de la forma enrarecida e indecente que se dio a esta prerrogativa presidencial; se debe analizar si el mismo es legal o no.

Frente a ello no da las respuestas las normas establecidas. El art. 118 de nuestra constitución de 1993 lo señala: «Corresponde al presidente conceder indulto y conmutar las penas» sin ninguna limitación, habiendo una libertad absoluta.

En la Constitución del 79 si especificaba que el indulto se podía decretar si es que no rompe las leyes establecidas. pero en la del 93 el presidente no tiene ninguna restricción, incluso no habiendo de por medio algún tipo de solicitud, alguna enfermedad leve o terminal del preso.

Los que se sienten afectados de este indulto han apelado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revocar esta decisión presidencial. La Corte tiene antecedentes muy «humanistas» de favorecer a los pedidos de indemnización, nuevos juicios y reducción de penas de los que sembraron el terror en nuestro país; hoy se han pronunciado que este indulto sea evaluado.

Pero ahí sale a relucir el Art. 139 inciso 13 de nuestra Constitución, donde señala claramente: «La prohibición de revivir, procesos fenecido, con resolución ejecutoriada, la amnistía y el indulto, produce el efecto de cosa juzgada»; es decir, la decisión tomada por el presidente sobre el Caso Fujimori, ya no puede ser revocada bajo ningún medio.

Es importante señalar que, en la Constitución de 1979, los tratados internacionales como el caso de Corte Interamericana de Derechos Humanos tenían igual rango Constitucional; pero para la constitución del 93, los tratados Internacionales apenas alcanza rango de Ley, es decir, están por debajo de lo que estipula nuestra Constitución. Ningún tratado avasalla nuestra constitución; prácticamente el Presidente tiene un «Cheque en Blanco» y libertad absoluta de dar el Indulto y al ser cosa juzgada, nadie puede revocarlo por ninguna naturaleza.

Debe estar claro que, gracias al indulto, Alberto Fujimori está impedido de ejercer un cargo Público porque por más que se le haya perdonado queda figurando aun las penas cometidas y mediante este antecedente no puede estar válido para tomar algún poder local, regional y nacional; solo se mantiene su libertad de opinión y de libre tránsito.

El indulto prácticamente le señala a Fujimori que, si cometió los delitos, pero que tiene el perdón más no el olvido y se conservan todos los antecedentes que se le acusa; así lo estipula la legalidad de nuestra Constitución Política.

Estos días se darán todo tipo de análisis y comentarios sobre el tema, penosamente enturbian el próximo proceso electoral, nos saca de la agenda de los diferentes actos de corrupción y el enfrentamiento de los poderes que se ha acentuado; habrá que esperar que sucede en las próximas horas para profundizar más el análisis…es mi opinión.