El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial variar la comparecencia con restricciones dictada el año pasado contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por una orden de 36 meses de prisión preventiva.
Fuentes del organismo público confirmaron que el fiscal Carlos Puma Quispe pidió la misma medida para el exgerente municipal José Miguel Castro.
En agosto pasado, el juez Manuel Chuyo Zavaleta ordenó la coerción procesal que obligaba a la exalcaldesa metropolitana a ir todos los meses al Ministerio Público para el control correspondiente, a no ausentarse de la capital y no variar su domicilio sin previa autorización judicial.
Susana Villarán es acusada de haber recibido de manera irregular 3 millones de dólares de Odebrecht y 1 millón de la OAS para financiar la campaña por el «No» a la revocatoria. Según Jorge Barata, exdirectivo de la multinacional brasileña en Perú, el dinero se pagó a pedido de José Miguel Castro −dos millones en Brasil y un millón en Lima−.
El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, señaló días atrás que la situación jurídica de la exalcaldesa de Lima podía variar debido al avance de las investigaciones en su contra.
