POR: JULIO FARFÁN VALVERDE [UDI – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN]
Un hecho de suma gravedad que compromete la imagen del sistema de justicia en la región Moquegua ha quedado expuesto tras la intervención policial del abogado Dennys Rommell Tumba Barrera, fiscal provincial provisional de la Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Lesiones y Agresiones contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Mariscal Nieto, Moquegua, quien habría sido sorprendido conduciendo un vehículo en presunto estado de ebriedad, acompañado de abogados litigantes, protagonizando además un incidente de presunta resistencia a la autoridad en plena vía pública, en circunstancias que incluso habrían generado afectación a vehículos estacionados.
De acuerdo con información recabada por la Unidad de Investigación del diario Prensa Regional, el hecho se registró el lunes 20 de abril de 2026, en horas de la noche, en inmediaciones del colegio Ángela Barrios, ubicado en la céntrica calle Áncash del cercado de Moquegua, donde agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron al referido magistrado, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad cuando estaba al volante de una unidad vehicular.
HECHOS NARRADOS POR MEDIOS Y REDES SOCIALES LOCALES
Uno de los primeros en reportar el escándalo en la vía pública fue Radio Americana. El lunes 20 de abril, en horas de la noche (aproximadamente a las 19:50 horas), donde se observa a agentes de la Policía Nacional interviniendo al fiscal Dennys Rommell Tumba Barrera, quien presuntamente conducía un vehículo en estado de ebriedad y habría ocasionado incidentes con otros vehículos estacionados en el frontis del colegio Ángela Barrios, en la céntrica calle Áncash del cercado de Moquegua.
En la transmitieron en vivo, se aprecia que dicho representante del Ministerio Público poniendo resistencia y luego es subido a un patrullero y conducido a una dependencia policial. En los reportes periodísticos se recoge la indignación ciudadana por la actitud del conductor, quien pudo haber ocasionado una tragedia mayor. Asimismo, se observa que este se habría resistido a ser intervenido por los agentes del orden.
Sin embargo, pasados los minutos, los medios locales reportaron que Tumba Barrera era fiscal provincial encargado de las Fiscalía contra la violencia de la Mujer, lo que generó mayor indignación en la opinión pública.
VIDEOS DIFUNDIDOS Y OTROS SON LA EVIDENCIA DE LOS HECHOS
Registros audiovisuales difundidos inicialmente en redes sociales —a los cuales esta Unidad de Investigación tuvo acceso— evidenciarían que el intervenido presentaba un comportamiento alterado, oponiéndose al accionar policial, en un contexto compatible con presuntos signos de ebriedad.
En dichas imágenes se aprecia además la reacción de ciudadanos que expresaban indignación ante la conducta del conductor, considerando el riesgo generado en una zona urbana transitada. Parte de este material fue posteriormente eliminado, recortado o limitado en su difusión, lo que genera preocupación sobre la preservación íntegra de la evidencia; no obstante, Prensa Regional logró conservar y obtener otros registros de los hechos.
TRAYECTORIA FUNCIONAL DEL FISCAL INTERVENIDO
El fiscal Dennys Rommell Tumba Barrera ingresó al Ministerio Público el 12 de enero de 2012, desempeñándose como fiscal adjunto provincial titular en materia penal en la provincia de Ilo. Posteriormente, desde el 21 de abril de 2023, ocupa el cargo de fiscal provincial en la Fiscalía Provincial Especializada en Agresiones contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Mariscal Nieto.
Se trata, por tanto, de un magistrado en funciones, con responsabilidad directa en la persecución del delito, cuya conducta —incluso en el ámbito personal— debe ajustarse a estándares reforzados de legalidad, objetividad y probidad.
¿ESPÍRITU DE CUERPO Y APAÑAMIENTO INSTITUCIONAL?
Cuando todo parecía indicar que, como consecuencia de la intervención policial, se iniciaría un proceso penal por el presunto delito de conducción en estado de ebriedad en flagrancia y/o resistencia a la autoridad, la situación habría dado un giro inesperado.
Fuentes policiales refieren que el fiscal de turno que habría asumido el caso sería el fiscal Erick Chambilla Gonzales, quien habría dispuesto la liberación de su colega y no habría ordenado la práctica del dosaje etílico respectivo, lo que habría generado que el hecho quedara registrado únicamente como una incidencia policial.
¿Se estaría frente a un nuevo caso de “espíritu de cuerpo” al interior del Ministerio Público?, ¿o existió un error en la intervención policial? Todo parece indicar que, en determinados casos, los niveles de rigurosidad no serían los mismos cuando se trata de un integrante de la propia institución.
INTERROGANTES QUE REQUIEREN ESCLARECIMIENTO INMEDIATO
Ante las inconsistencias advertidas en la intervención y posterior liberación, surgen interrogantes que requieren esclarecimiento inmediato por parte de las autoridades competentes.
¿Se practicó el dosaje etílico conforme a ley?
¿Se omitió una diligencia esencial en un contexto de flagrancia?
¿Quién dispuso o habría ordenado la liberación y bajo qué sustento jurídico?
¿Se comunicó el hecho a los órganos de control del Ministerio Público?
POSTULANTE A JUEZ PENAL ANTE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
El caso adquiere especial relevancia al confirmarse que el fiscal Dennys Rommell Tumba Barrera fue postulante a una plaza de juez penal unipersonal en el Distrito Judicial de Tacna, dentro de una convocatoria de la Junta Nacional de Justicia.
Este elemento introduce un cuestionamiento directo sobre los estándares de idoneidad exigidos para el acceso a la función jurisdiccional, donde la conducta personal constituye un factor determinante.
UN HECHO QUE REFUERZA LA DESCONFIANZA INSTITUCIONAL
El presente caso no constituiría un hecho aislado. En la región Moquegua, diversos episodios han puesto en debate el accionar de algunos operadores del sistema de justicia, tanto de la Policía Nacional del Perú como del Ministerio Público, en situaciones presuntamente irregulares que no siempre han derivado en sanciones concretas.
Sin generalizar responsabilidades, estos antecedentes han contribuido a una percepción ciudadana de desconfianza y a la preocupación por posibles dinámicas de protección interna.
La ciudadanía exige mayor transparencia, más aún cuando se trata de evaluar el perfil de profesionales que tienen a su cargo la delicada función de investigar delitos tan sensibles como los relacionados con la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
Se espera que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público adopte acciones inmediatas y disponga la apertura de una investigación sobre este presunto hecho irregular, en el que un fiscal habría sido intervenido por la Policía Nacional conduciendo un vehículo en aparente estado de ebriedad.
Asimismo, correspondería que la Junta Nacional de Justicia evalúe los hechos en el marco de sus competencias.
La gravedad del caso no radica únicamente en la conducta atribuida a un funcionario, sino en el impacto que estos hechos generan sobre la credibilidad del sistema de justicia.
Porque cuando quienes deben investigar el delito aparecen involucrados en hechos de esta naturaleza, y estos no son debidamente esclarecidos, el problema deja de ser individual y se convierte en estructural.
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