El Ing. Johan Vílchez, ex gerente del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), dijo que, si fuera por él, no pagaría el monto estipulado por laudos arbitrales a la empresa Obrainsa, que se encargó de los trabajos del proyecto de las Lomas de Ilo, los cuales presentan deficiencias.
Manifestó que los procesos arbitrales se iniciaron a partir del año 2015 y que, a lo largo de ese tiempo, la empresa fue interponiendo las demandas por 12 millones de soles.
“Se le entregó el expediente a Obrainsa, quien pidió información a Pasto Grande, pero se demoran varios meses, iniciándose la ruta crítica, generando que la empresa pida la ampliación de plazo, lo cual adjunta como adicional. Cuando piden el presupuesto, superó el monto aprobado por la Contraloría, quien lo referencia ya no como un presupuesto adicional, sino una modificación del proyecto. Todo el expediente estaba concebido para 18 parcelas, pero lo subdividen a 36 y eso debió tener el sustento del caso, lo que motivó el reclamo de Obrainsa”, explicó.
En cuanto al resto del laudo arbitral, está referido a gastos generales de diferentes procesos, todo esto ha generado las condiciones que se han dado.
Quien cautela los intereses del Estado, no era el gobernador regional, ni los gerentes, sino la Supervisión que fue pagada para que vele y cautele la ejecución de la obra, pero existe serias dudas por el trabajo que han desempeñado.
Vílchez, culpó a la empresa supervisora “Asesores Técnicos Asociados” (ATA), quienes realizaron el expediente técnico e incluso la supervisaron, lo que debió aminorar o reducir posibilidades de que los presupuestos varíen.
“La obra inició con 80 millones, pero con adicionales llegó a 96 millones, más los arbitrajes era aproximadamente 25 millones. Prácticamente el negocio de Obrainsa no era ejecutar la obra, sino los adicionales y los arbitrajes que sumaban alrededor de 40 millones, prácticamente la mitad del contrato celebrado”, aseveró.
Agregó que cuando ingresó a ocupar el cargo en abril del año 2017, todos los arbitrajes estaban perdidos, y que en el proceso de la defensa se logró bajar el monto del arbitraje de 12 a 10 millones.
Precisó que, durante su mandato, para revertir los procesos arbitrales, judicializó el tema para alargar los procesos, porque no era justo pagar. Se contrató una consultora para que brinde la información y llevar a un proceso arbitral el problema y detenerlo.
“Lo que se debe hacer, es ir a Pasto Grande detener el pago y ver como se le da vuelta, ya que como servidores públicos se tiene que cuidar los recursos. Sobre todo, porque la obra está mal hecha, está en malas condiciones”, concluyó.
