La Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad penal y administrativa funcional (PAS) en tres ex servidores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, debido a las irregularidades detectadas durante la fase de selección del concurso público que condujo a la suscripción del contrato de S/ 3 4798 019 para el servicio de Mantenimiento periódico de la carretera departamental MO-107: EMP.PE-36 A (Moquegua) – Campo de aterrizaje – LD. Tacna (TA-100 a QDA Honda).
Además, se detectó responsabilidad administrativa en dos ex funcionarias debido a la falta de verificación posterior de los documentos presentados por el contratista adjudicado, así como en el ex subdirector de Conservación Vial por no haber realizado el requerimiento del servicio conforme a lo estipulado en el expediente técnico.
El Informe de Control Específico N° 022-2024-2-5347, (período del 6 de setiembre al 15 de noviembre de 2022), reveló que los tres integrantes del Comité de Selección otorgaron plazo adicional a un postor para subsanar la documentación que no fue presentada en su oferta. Además, pese a que el personal clave ofrecido por la empresa (Residente de Servicio, Ingeniero de Seguridad y Técnico en Control de Calidad) no cumplía con los requisitos establecidos en las bases integradas, se le otorgó la buena pro, favoreciéndola indebidamente.
La Comisión de Control reveló que la servidora que se desempeñó como jefa de la Unidad de Logística y Control Patrimonial no realizó la verificación posterior a la documentación presentada por la empresa ganadora, mientras que la directora de la Oficina de Administración no supervisó dicho acto.
Es relevante mencionar que los oficios emitidos para dar cumplimiento a la verificación posterior se proyectaron 47 días calendarios después de consentida la buena pro, sin que dichos documentos fueran notificados en su totalidad.
El Informe de Control Específico recomendó a la titular del Gobierno Regional de Moquegua realizar el deslinde de responsabilidades administrativas; además, solicitó al Órgano Instructor de la Contraloría procesar a los servidores involucrados y, finalmente, elevó este documento a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para iniciar las acciones penales contra los miembros del comité.
