POR. DR. PHD. JAVIER FLORES AROCUTIPA
Los postulados de quienes quieren un cambio en la constitución, en el fondo es cambiar el régimen económico. ¿Y que sostienen ellos?, una primera lectura, permite leer que cuestionan el favoritismo a los grandes inversionistas peruanos y extranjeros. Eso lo permite la constitución del año 1993. Exoneraciones, amnistías impositivas, licencias, funcionarios de estado que luego terminan trabajando para las grandes empresas.
Señalan que en ninguna parte del mundo los capitales extranjeros tienen las mismas prerrogativas que los empresarios nacionales. En el Perú se pasean los capitales chinos, rusos, chilenos, mexicanos y norteamericanos. Los capitales peruanos tienen problemas para instalarse en economías de estos mismos países. Eso se puede comprobar con las normas y leyes que ellos mismos erogan.
Otro problema que señalan es de los famosos Contratos Ley. De tal manera que una vez que el estado realiza un contrato con empresarios extranjeros, no hay congreso ni poder judicial que lo cambie. ¿Y si hubo corrupción en estos contratos?
Otro problema con la Constitución de 1993, en su artículo 84, es cuando el BCRP (Banco Central de reserva del Perú) tiene como tarea la política monetaria, pero respecto a la emisión de moneda y billetes y luchar contra la inflación y mantener la estabilidad monetaria. Pero le prohíben financiamiento de los sectores económicos como en otros países desarrollados y de mera perspectiva económica.
En EE.UU. la reserva federal maneja el crédito para promover su economía para promover el empleo para que haya más desarrollo tecnológico.
El otro problema es la “subsidiariedad del estado” así que el estado al ser subsidiario, el privado siempre va primero. La empresa privada va antes que la empresa pública. Si esta no quiere invertir luego podría invertir la empresa pública. El estado tiene prohibido hacer empresa.
Los estados conformados por funcionarios neoliberales, pero que cobran del Estado no cumplen la constitución del 93. El Artículo 88 cuando dice que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Pero no se cumple. La agricultura familiar del campesino de Puno o del pequeño productor de un valle de la costa no es prioridad, no hay una promoción real del sector. Y si existe, es solo para los grandes empresarios mineros y exportadores.
Otro problema es ¿De quién son los recursos naturales? son los recursos naturales, los minerales, el petróleo, el gas le pertenecen a la nación y que les da el soberano en decidir cómo se maneja. Pero un estado caracterizado por la corrupción no es garantía que se concedan para el desarrollo económico del país.
Ahí se tiene el caso del gas que lo explotan, lo exportan y no para el mercado interno del Perú porque tienen un contrato ley que los favorece.
Todo indica que las tareas pendientes es eliminar las exoneraciones tributarias y cobrar impuestos a las grandes riquezas y a los grandes grupos monopólicos. Para ello se requiere una constitución acorde a los intereses nacionales y sobre todo un estado moral, donde sus funcionarios no se vacunen antes que sus ciudadanos (ese, es un Estado con funcionarios inmorales, porque si así les importa el ciudadano, que será a la hora de entregar los recursos naturales).
