Se llevó a cabo a la reunión entre la Compañía de Minas Buenaventura SAC responsable del Proyecto San Gabriel y representantes de 42 comunidades campesinas de Alto Sánchez Cerro.

Hasta el campamento Agani se constituyeron representantes de la las comunidades para demandar el cumplimiento de la carta notarial enviada a la Compañía Buenaventura, pidiendo la paralización y retiro de la empresa, llegando Enver Carhuaz, jefe de Relaciones Comunitarias del Proyecto San Gabriel para dialogar, acordándose que se realizarán las coordinaciones para otorgarles una carta de respuesta, donde se concluya la instalación de una mesa de diálogo de alto nivel con representantes del Ministerio de Energía y Minas, Ambiente y la PCM, además con las autoridades de Ichuña.

Luego arribó un grupo de representantes de las 42 comunidades campesinas quienes demandaron el retiro de la empresa, sin considerar la carta de respuesta por parte de la empresa, por lo que se enfocaron en los acuerdos de la carta notarial.

Para salvaguardar la integridad física del personal que labora en el Proyecto San Gabriel y a exigencia de 3 asociaciones de criadores de camélidos, la empresa Buenaventura, decide retirar al personal (además de la exigencia de las 42 comunidades), haciéndolo de forma pacífica.

Para garantizar el resguardo y la responsabilidad ambiental, se acordó que se mantendrá el personal de vigilancia de un número de 8, 3 en comedor, 2 en salud, 2 en minería y 2 en campamentos.

La empresa se compromete a no reiniciar los trabajos preliminares hasta que se instale una mesa de diálogo con las 3 asociaciones y las 42 comunidades, con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, además los ministros de Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Autoridad Nacional del Agua, SENACE, Defensoría del Pueblo y el representante legal de Buenaventura.

Los representantes de las 3 asociaciones y de las 42 comunidades, solicitaron que la reunión sea en el estadio de Cochapampa, Yunga; la fecha se definirá en coordinación con el Ministerio.

Las asociaciones y las comunidades, se comprometen a no incursionar en los campamentos, ni hacer instalaciones en el proyecto, pero si se mantendrán vigilantes.

Ambas partes se comprometen a mantener la paz social, mientras no se solucione los inconvenientes surgidos por estos hechos suscitados.