POR: ABOG. JESÚS MACEDO GONZALES
En las últimas semanas, dos universidades limeñas han sido protagonistas del debate público: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). En ambas casas de estudio, los estudiantes han alzado su voz para impedir lo que consideran abusos por parte de las autoridades: mientras que en San Marcos las movilizaciones buscan frenar una posible reelección de la actual rectora, Jeri Ramón, en la PUCP los reclamos se centran en el incremento de las pensiones.
La reactivación de la protesta estudiantil resulta particularmente significativa. Desde la caída del gobierno de Manuel Merino, los jóvenes habían permanecido en un relativo silencio público. Por ello, estas movilizaciones renuevan una esperanza: la Universidad no debe ser solo un espacio de formación profesional, sino también una escuela de conciencia ciudadana, donde el estudiante desarrolle una actitud crítico-reflexiva frente a su realidad.
En el caso de la UNMSM, los estudiantes se movilizan en rechazo al Proyecto de Ley N.° 12736/2025-CR, que propone permitir la reelección inmediata de autoridades universitarias. La fecha resulta reveladora, pues la actual rectora, Jeri Ramón, se beneficiaría con esta ley al permitirle postular a la reelección. Afortunadamente, el pleno del Congreso suspendió la sesión en la que se iba a debatir este proyecto, impulsado por la bancada de Podemos Perú.
Por su parte, los estudiantes de la PUCP protestan contra su rector, Julio del Valle Ballón, por el aumento de pensiones. Esta medida no solo afecta a los estudiantes limeños, sino especialmente a aquellos provenientes de provincia, que se beneficiaban de la escala más baja de pensiones. Como ha señalado el periodista Carlos Cornejo, antes de las elecciones, el actual rector hablaba de la importancia de saber escuchar; sin embargo, al parecer, la escucha no es su mejor talento.
Estas protestas merecen ser valoradas. La realidad laboral de muchos jóvenes —quienes trabajan jornadas excesivas por salarios injustos y, con frecuencia, no protestan ni cuestionan el abuso— tiene su origen, en buena medida, en esa falta de formación de una conciencia crítica durante la vida universitaria. Muchos estudiantes normalizan el abuso porque lo han visto y callado dentro de la propia Universidad. El silencio, hay que recordarlo, ha sido siempre el mejor cómplice de la injusticia, la opresión y la corrupción.
Frente a cualquier injusticia, no podemos ni debemos ser cómplices. Callar nos convierte también en responsables de lo que ocurre. De nada sirve formarse como profesional, dominando la técnica más rigurosa del ejercicio laboral, si la propia Universidad rompe el sentido de justicia que como sociedad debemos cultivar y vivir.
La Ley Universitaria N.° 30220, en su artículo 6.10, establece como uno de los fines de la Universidad “formar personas libres en una sociedad libre”. La libertad adopta múltiples formas: opinar, escuchar, informarse y, también, protestar. La Universidad tiene entre sus principios la búsqueda de la verdad, la democracia institucional y el interés superior del estudiante. Al menos los jóvenes universitarios limeños que hoy protestan están logrando encarnar esos principios.
No obstante, persiste una deuda en la formación ciudadana, tanto de estudiantes como de docentes universitarios. No se trata únicamente de formar profesionales técnicamente competentes, sino de desarrollar una conciencia crítica frente a la realidad. Cuando esa realidad —la de la propia Universidad— no nos interpela, seguimos incumpliendo nuestro rol universitario y, lo que es peor, formamos profesionales sumisos, silenciosos y oprimidos, en lugar de íntegros y comprometidos.
Por eso cabe preguntarse: ¿qué estamos haciendo las universidades para formar ciudadanos que no toleren la injusticia? Al menos las protestas en San Marcos y la PUCP nos muestran un margen de diferencia y nos devuelven una leve, pero valiosa, esperanza.
