POR: MG. GLORIA IVONY MAYNAS ESPÍRITU (ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO – LICITACIONES) [CELULAR 952956134]
Hace poco terminé de realizar un descargo administrativo en defensa de un funcionario público sobre el Pliego de Hechos notificado por la Oficina de Control Institucional de la Contraloría General de la República (CGR) ante un servicio de control especifico a hechos con presunta irregularidad aseverando que funcionarios y servidores de la entidad (anónimo) permitieron y efectuaron el fraccionamiento de la contratación sucesiva de 5 servicios inferiores a 8 UIT, a favor de un mismo grupo económico, ocasionando la limitación de pluralidad de postores.
La teoría de los profesionales que laboran en dicha Oficina auditora, se basan en los siguientes puntos: 1) Los 5 requerimientos de prestación de servicios se presentaron en el mismo día, 2) Los requerimientos no contaban con informe técnico que sustentarían que los servicios a contratar correspondían a la totalidad de la necesidad, 3) Los requerimientos no se encontraban consignados en el cuadro de necesidades, 4) Los pedidos de servicio SIGA no fueron elaborados por el área usuaria, 5) Los términos de referencia cuenta con constantes modificaciones, 6) La Oficina de Abastecimiento brindó apoyo al área usuaria, 7) El área usuaria no estableció exigencias en los términos de referencia, 8) Respecto a la metodología utilizada para la determinación del valor estimado, entre otras aseveraciones fuera del marco legal.
Ciertamente causa más que incomodidad las aseveraciones sin fundamento legal dictados por profesionales de la Oficina Auditora quienes en su mayoría no se encuentran especializados en contrataciones del Estado ni son peritos en la materia; sin embargo, esa arbitrariedad y abuso solo crea desconfianza ante la ciudadanía, conllevando a quebrar la legitimidad y la seguridad en las Instituciones que a la fecha no hay forma de poner un límite – probablemente – continuemos así. Dicho esto, la esperanza es lo último que se pierde.