POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
La reciente inhabilitación por cinco años de la Fiscal Suprema Zoraida Ávalos, ha despertado de su letargo a la ciudadanía, coincidente con movilizaciones sociales programadas con anterioridad; ese hecho corrobora la prepotencia con que viene actuando y decidiendo el Congreso, al sancionar a una funcionaria del sistema de justicia por asumir un criterio interpretativo de la norma que inalterablemente se venía aceptando; actuando con predictibilidad ocho vocales supremos han pedido al despreocupado Presidente del Poder Judicial que convoque a Sala Plena Extraordinaria.
Pedro Castillo se colocó en offside con el intento de romper el orden constitucional, con lo que puso fin a una gestión gravemente salpicada por corrupción, ingobernabilidad e inestabilidad; lo sucedió en el mando, quien constitucionalmente le correspondía y que a su vez más allá de acompañarlo en la fórmula presidencial, estuvo permanentemente a su lado en la gestión de gobierno, como Ministra de Estado, y en uno u otro espacio nunca marco una posición independiente o critica, sintonizó perfectamente hasta de los exabruptos reiterados en que incurría el entonces presidente, claro nos referimos a Dina Boluarte. Y si entonces hubo identidad ideológica, programática, que sucedió para el distanciamiento político y un desmarque acusador, en lo que incide con frecuencia la actual presidenta. Definitivamente la respuesta no va por la corrección política o el cambio de giro en la gestión de gobierno, la respuesta la encontramos en ser un gobierno de sobrevivencia, cayendo con complacencia en el autoritarismo parlamentario. De la ineficiente administración de Castillo pasamos a la sombría gestión de Boluarte.
El Gobierno sabe que no tiene representación parlamentaria que pudiera ser su fuerza de contención, que no tiene un soporte orgánico político que pudiera estructurar una presencia más activa y dinámica ante la organizaciones sociales, que no tiene legitimidad frente a la ciudadanía-veamos el último reporte del Instituto de Estudios Peruanos-, y a ello se suma su nula capacidad para adecentar su gestión que pudiera permitir construir su propia base social, tan necesaria en estos quehaceres y opta por la imprudencia de endosar sus propias capacidades políticas al hermano mayor, el Congreso.
El cierre de legislatura de esta última semana es descriptivo de lo que es el Congreso, aprobaron un paquete de normas declarativas, que, si bien generan expectativas y se colocan entusiastas ante los ciudadanos demandantes, son de escasa concretización; insistiendo en su actitud revisionista, renunciado a asumir la educación como política de estado, si ayer fue la educación universitaria con la SUNEDU, ahora le correspondía a la educación básica regular al aprobarse el nombramiento de profesores contratados con tres años de servicio, renunciando a toda posición meritocrática, que va en desmedro de los propios estudiantes y si falta algo, se aprobó la creación de cuatro universidades, aunque con el carácter de declarativas; más aún se aprobó una norma que acota la colaboración eficaz, restándole armas a las investigaciones judiciales y con la arrogancia de quien puede hacerlo todo, sin control alguno, facilita el trabajo remoto de la Presidenta, cuando esto es una reforma constitucional. Pero trabajaron hasta la madrugada y en su desinteresado compromiso con el país, vaya, vaya.
De un tiempo a esta parte se ha venido construyendo un forzado régimen parlamentario, guardando las distancias del modelo europeo, por la centralización e intangibilidad con que ha reformulado nuestras formas de gobierno. Lo que es escandaloso. Las decisiones del Congreso no son revisables ante la justicia ordinaria y menos pueden paralizarse ante mandato judicial, resulta que ahora es un órgano infalible.
La Cuestión de Confianza y la Disolución del Congreso se instituyeron como instrumentos políticos de contrapeso a los excesos del parlamento, ahora están acotadas por ley de este mismo Congreso y ratificada su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Si bien se eliminó la inmunidad parlamentaria, la subcomisión de acusaciones constitucionales y la propia comisión de ética, constituyen muros infranqueables para acudir al blindaje de sus pares, a pesar de las graves denuncias públicas, bajo el imprudente juego de las mutuas concesiones políticas; sumado a ello, se cuenta con un sesgado Ministerio Público que ya no reclama como ayer su artículo 159, la investigación del delito. Y si algún atrevido órgano constitucional, reclama independencia funcional con incidencia en los fueros parlamentarios, como otrora, se le aplica el rigor de la acusación constitucional, vemos por ahí sometidos a disciplina a la Junta Nacional de Justicia o a los jerarcas del sistema electoral. Y poco falto para que aprueben la norma que afectaba la libertad de prensa, con esto cerraban los candados para una autocracia bajo los parámetros de una democracia.
El politólogo Alberto Vergara, nos dejaba en días pasados un acucioso análisis: “Yo veo una voluntad autoritaria mayor en la coalición Boluarte-Congreso que en el gobierno de Alberto Fujimori. Esta coalición en el poder no tiene ningún interés en responder ante la ciudadanía. Es absolutamente irresponsable…Fujimori tenía que ganar elecciones, intentaba ganar alcaldías…tenía una consideración mayor por la ciudadanía. Esta (coalición)en cambio ya renegó de cualquier posibilidad de responder ante la gente…”. Aunque visualizamos un acontecer inmerso en mutuas necesidades, dejar hacer, dejar pasar, dejar sobrevivir. Y claro, sumado a la prepotencia, es evidente su desapego ciudadano, perdiendo todo cordura por sensibilizar su actuar frente a la ciudadanía, podríamos leer que están absorbidos por el síndrome del dictador: nunca me voy a ir o ajustar las piezas, para evitar reacciones futuras, porque en cualquier momento me voy.
Se ha colocado nuevamente en la mesa de discusión el adelanto de elecciones, tema que siempre estuvo allí, en la sala de espera, en la expectativa de cómo evolucionan los acontecimientos, culantro pero no tanto, el desplante a la autonomía de nuestras instituciones, el rompimiento de un principio fundamental en un estado democrático constitucional como lo es el principio de separación de poderes, la deslealtad con el orden constitucional, y el nulo interés por reforzar nuestras institucionalidad, no hace más que profundizar la brecha de desencanto ciudadano.
Los caminos están determinados en resguardo de nuestra democracia y pasa necesariamente por el involucramiento ciudadano. Esta democracia no es democracia, cantan en el interior del país, porque no se sienten identificados con sus irregulares formas o esta no responde a sus legítimas expectativas o perdieron esperanzas en ella; y aún con las flaquezas que nuestra democracia pudiera evidenciar, no podemos renunciar a ella, desde su interior se tiene que doblegar esfuerzos para reconducirla hacia su esencia, apelando a Abraham Lincoln: gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.