POR VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS

Un nuevo periplo internacional de la presidenta Boluarte ha generado discusión en el ambiente político, dada la difícil situación política, la desazón social y el estado de las finanzas públicas que reclaman su presencia y decisión en la alta función que ejerce. Es una evidente huida a las responsabilidades y a las presiones locales, coludida con la nada gratuita condescendencia del Parlamento. Una vez más emprende vuelo hacia un escenario donde poco cuenta por su ausencia de liderazgo, nula ascendencia internacional y una pésima percepción de la comunidad internacional. La irrelevancia de gestión, hecha Gobierno.

Sin embargo, el evento en el cual participará, por sus contenidos y ejes temáticos que abordarán, es de suma importancia, al que deberían acudir en representación de nuestro país un selecto grupo de científicos, especialistas y académicos —no una aprendiz de política—, asumiendo nuestra fortaleza comparativa, como lo es nuestro mar, el “Mar de Grau”, acompañando nuestras extensas costas y sus importantes recursos naturales, que hoy se encuentran gravemente amenazados por un aprovechamiento desmesurado, la agresiva contaminación y, no menos cierto, los impactos del cambio climático.

Una manifiesta carencia de políticas públicas no nos permite asumir con solvencia la defensa de nuestro mar. Es por ello importante el involucramiento de nuestro país en estos foros internacionales que vienen a fortalecer nuestra incipiente legislación, posibilitando un norte a las perspectivas sobre nuestra soberanía marítima. Nuestras posiciones y respuestas son circunstanciales.

Lo más reciente fue la demanda sobre la delimitación marítima interpuesta contra Chile, finalmente zanjada con la decisión de la Corte Internacional de La Haya, que generó toda una corriente de unidad e interés sobre nuestro mar. Una vasta literatura, opiniones, estudios, consultas, la ineludible referencia histórica, la activa difusión mediática, los foros académicos y profesionales generaron un despertar ciudadano sobre nuestros intereses marítimos, para luego caer en una preocupante pasividad.

Ahora, se trata de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), cuyo objetivo central es promover acciones urgentes para conservar y utilizar sosteniblemente el océano, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, pues “el océano se enfrenta a una crisis —no lejana sino presente— sin precedentes debido al cambio climático, la contaminación por plásticos, la pérdida de ecosistemas y la sobreexplotación de los recursos marinos”, como lo manifestaba Li Junhua, secretario general del evento. Dicho foro, recogiendo la pluralidad de aportes y compromisos, deberá culminar con la presentación del “Plan de Acción de Niza” sobre los Océanos.

Cuán importante es esta Conferencia. Partamos por una realidad que ya nos sobrepasa y a la que nuestro país no está ajeno: cómo poner freno a la pesca ilegal (nuestros recursos pesqueros están al acecho de las embarcaciones chinas), reducir la contaminación por plásticos (toneladas de plástico entran en el océano cada año, convertido en botadero) y ampliar las economías azules sostenibles. Estadísticas de Naciones Unidas nos ponen la verdad en limpio: el océano absorbe más del 90 % del exceso de calor procedente de las emisiones de gases de efecto invernadero; el 60 % de los ecosistemas marinos están degradados o se utilizan de forma insostenible; las poblaciones mundiales de peces dentro de límites biológicos seguros se han desplomado del 90 % en la década de 1970 a solo el 62 % en 2021; más de 3,000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina para su subsistencia.

Un documento, no distante del anterior, que no ha tenido la trascendencia que requiere, es el Tratado de Altamar de Naciones Unidas. Tras veinte años de negociaciones, fue adoptado en junio de 2023, requiriendo la ratificación de 60 países y, a la fecha, van 29. Introduce aspectos que no fueron contemplados en la CONVEMAR (no ratificado por nuestro país) y persigue la protección de la biodiversidad con fines ecológicos y de protección del medio ambiente en las llamadas aguas internacionales. Este Tratado “reconoce a los océanos y sus recursos como un patrimonio universal y parte integral de la cultura y bienestar de quienes dependen de ellos, por lo que deben gestionarse en beneficio del interés general de la comunidad internacional”. A efecto de ello, todas las actividades extractivas deben estar sujetas a algún tipo de control.

Los medios de prensa informan que, durante su estancia en Niza-Francia, la presidenta Boluarte suscribiría este documento, el Tratado de Altamar, y, según Fernando Altuve, pondría en riesgo la soberanía peruana sobre las 200 millas marinas al establecer nuevas condiciones jurídicas: “firmar este documento implica aceptar los fundamentos de la CONVEMAR, convenio que el Perú no ha ratificado.

Al aceptar un marco que reconoce la milla 12 como límite, se estaría reduciendo la soberanía marítima peruana de 200 a 12 millas. Renunciar al dominio marítimo constituye un acto de traición a la patria”. Las clásicas posiciones chauvinistas, nada realistas, que no permiten a nuestro país hacerse parte de un ordenamiento jurídico internacional que nos sacará del aislamiento y reforzaría nuestros atributos soberanos sobre nuestro mar. No es extraño que Chile y Ecuador, quienes nos acompañaron en la celebración de los Convenios de 1952 y 1954, en su momento ratificaron la CONVEMAR.

A este último respecto es necesario recordar parte del alegato oral del agente peruano ante la Corte Internacional por el contencioso con Chile: “Señor presidente, en nombre del Gobierno del Perú́, deseo formalmente dejar constancia del compromiso del Perú́ con el moderno derecho del mar reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

La Constitución peruana de 1993, su legislación interna y la práctica del Perú se encuentran en total conformidad con el derecho del mar contemporáneo. El término dominio marítimo que utiliza nuestra Constitución se aplica de manera coherente con las zonas marítimas establecidas en la Convención de 1982; la Constitución se refiere expresamente a la libertad de comunicación internacional”.