El  (CPP) presentó su informe mensual de libertad de expresión. A continuación, encontrará los principales casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación durante el mes de septiembre de 2024: los nuevos casos del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la presidenta Dina Boluarte y el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Paola Ugaz. Además, la posición institucional y el análisis del CPP.

AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Caso ministro del Interior: a inicios de septiembre, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, amenazó con denunciar penalmente por organización criminal a periodistas que difundan audios que lo involucrarían con facilitar la movilización de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre –con el que Pedro Castillo llegó a la presidencia, y que conforma una bancada en el Congreso– y prófugo de la justicia desde hace cerca de un año. Dos semanas después, el ministro del Interior amenazó con acciones legales a la periodista Karla Ramírez, de Panamericana Televisión, luego de que expusiera un documento en el que se le negaba una reunión de carácter personal con el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. “No me difames, Karla”, le escribió Santiváñez a la periodista por WhatsApp, “espere mis acciones legales”. El ministro fue previamente citado por la Comisión de Fiscalización para responder precisamente sobre los audios que lo vincularían con el caso de Vladimir Cerrón. Santiváñez señala que es víctima de una “campaña mediática”. El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra el ministro por abuso de autoridad, pues anteriormente pidió “controlar” al periodista Marco Sifuentes.

Caso portavoz presidencial: en una conferencia de prensa, el vocero de la presidenta Dina Boluarte informó que espera que “el Ministerio Público pueda actuar contra quienes pretenden alterar la verdad de los hechos”, en relación a la cobertura de la prensa de una actividad de la presidenta Boluarte en Piura en la que se atacó con al menos una piedra a un auto del Estado que acompañaba su caravana. Hinojosa también señaló que cubrir la agresión a la presidenta constituyó un “hecho ilícito, una suerte de instigación a la violencia, instigación al atentado de las autoridades”.

Caso vehículo presidencial: el despacho presidencial rechazó entregar información sobre uno de los vehículos que traslada a la presidenta Dina Boluarte, el mismo que, presuntamente, habría sido utilizado para transportar al prófugo Vladimir Cerrón. Los periodistas Ernesto Cabral, de La Encerrona, y Stefanie Medina, de Willax, solicitaron la información vía el mecanismo de transparencia, pero fue negada por ser considerada reservada.

Caso cobertura presidencial: al menos ocho medios de comunicación fueron impedidos de realizar parte de su cobertura durante un evento oficial de la presidenta Dina Boluarte en la región San Martín. La seguridad del Estado negó el acceso a una reunión que trataba sobre los incendios forestales y en la cual participó el ministro del Ambiente, de quien se dijo que daría declaraciones a la prensa.

Caso presidenta contra la prensa: a finales de septiembre, la presidenta Dina Boluarte arremetió contra la prensa tras críticas surgidas en los medios durante esos días: “En lugar de mentiras, sembremos confianza […] Somos el país que maneja responsablemente su economía y el costo de vida es la más baja de la región en América Latina [sic], eso nos debe generar orgullo y no envidia acompañada de mentiras, de calumnias, de críticas que ya nadie les cree”.

Caso Paola Ugaz: un juzgado de corrupción de funcionarios levantó el secreto de las comunicaciones de la periodista Paola Ugaz por un caso que se le sigue de enriquecimiento ilícito que data de su participación durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán. El fiscal Néstor Rivera pidió a inicios de septiembre que se cumpla una orden, emitida hace más de un año, para realizar el levantamiento, que además se realizó sin notificar a la periodista ni a su abogado. De acuerdo con Ugaz, la fiscalía no ha expuesto los argumentos sobre el supuesto enriquecimiento ilícito.

POSICIÓN INSTITUCIONAL

En septiembre, más del 80 % de los casos de agresión a las libertades de expresión y de prensa en el Perú provino del Poder Ejecutivo. De éstos, todos, menos uno, involucran a la presidenta Dina Boluarte. La mandataria y su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fueron los funcionarios públicos que más trabas pusieron el mes pasado a que los peruanos se informen libre y abiertamente, como corresponde en una democracia. El Consejo de la Prensa Peruana recuerda que, a inicios de su mandato, la presidenta Boluarte prometió a una delegación de esta organización respetar el trabajo de la prensa.

Asimismo, se están por cumplir tres meses de la última vez que la presidenta compareció ante una conferencia de prensa.

Por otra parte, el CPP toma con preocupación que el pedido de levantamiento de comunicaciones de la periodista Paola Ugaz, así como de cualquier persona, se realice sin cumplir el procedimiento que establece la norma.