Ante el estado de emergencia en el que se encuentra Arequipa ante la inseguridad ciudadana, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) informó que un 31% de arequipeños ha sido víctima de un hecho delictivo durante el 2023, una cifra mayor en 4.9 puntos porcentuales en comparación con el año pasado, según reportó el INEI.
Además, se observó que un 88.2% de la población en Arequipa percibía la existencia de alta inseguridad, un número mayor al promedio nacional (84.4%). Ello quiere decir que, de cada 10 arequipeños, 8 sentía que podía ser víctima de algún hecho delictivo o evento que pudiera atentar contra su seguridad e integridad.
“La ocurrencia de hechos delictivos termina afectando el comportamiento de las personas. Por ejemplo, muchas pueden decidir no invertir en un negocio por miedo a que les roben o asalten. Asimismo, muchas personas destinan recursos a sistemas de seguridad privados (como cámaras de vigilancia) para intentar protegerse de los delitos”, sostuvo Patricio Lewis, investigador de REDES.
¿CÓMO SE ESTÁN ASIGNANDO LOS RECURSOS PARA ENFRENTAR LA INSEGURIDAD CIUDADANA?
REDES recordó que la categoría presupuestal que reúne este financiamiento es Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. En el caso de la región Arequipa, esta categoría presentó una reducción al pasar de 359 millones asignados en el 2023 a 303 millones en el 2024.
Ahora, entre el 2014 y el 2023, observamos que se ha ejecutado en promedio el 94% de los recursos año a año. Sin embargo, esta cifra no ha resultado en una reducción de los niveles de inseguridad si consideramos el avance de las acciones delictivas en los últimos meses.
Así también, si evaluamos la situación en la que trabaja el personal policial, se evidencia que, en Arequipa, solo el 48.5% de las comisarías poseen infraestructura en condiciones óptimas. Aunque es una cifra que se ubica por debajo del 50%, esta supera el promedio nacional –considerando que solo 1 de cada 3 comisarías tiene instalaciones adecuadas–.
“Así como es importante garantizar la asignación de recursos para enfrentar la inseguridad, también es importante cuidar la calidad del gasto que estamos realizando. Se requieren medidas concretas –planteadas desde un diagnóstico– que puedan atacar esta problemática. Reforzar la seguridad pública es clave para impulsar nuestro potencial económico como país y garantizar el desarrollo de nuestras inversiones”, apuntó Lewis.
