El procurador anticorrupción Carlos Ponce Arpasi informó que su despacho ha formalizado una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el exjefe zonal de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) en Moquegua, Darwin Mendoza Alarcón, por presunto cohecho pasivo propio. La denuncia también alcanza a otros cuatro inspectores y a quienes resulten responsables.

Según explicó el procurador, la denuncia se sustenta en un video y un audio que evidenciarían la solicitud de una suma de S/ 5,000 soles por parte del entonces funcionario, a cambio de omitir la ejecución de operativos en puestos de control como el de Montalvo. Esta práctica habría facilitado el tránsito irregular de vehículos sin fiscalización alguna durante los últimos meses.

“Estos hechos revisten gravedad, no solo por el delito mismo, sino porque comprometen la función fiscalizadora de una entidad clave para la seguridad vial y el transporte formal en el país”, señaló Ponce Arpasi, quien precisó que la denuncia fue presentada el pasado 3 de mayo ante la fiscalía anticorrupción de turno.

Los otros implicados en la denuncia son los inspectores Douglas Álvarez Quispe, Olinda Aldave Aragón, Gerard Quiroz Belisario y Silvia Peña Quispe, todos en funciones en la Unidad Desconcentrada de SUTRAN Moquegua al momento de los presuntos actos ilícitos.

Ponce también cuestionó que, a pesar de la denuncia, algunos de los implicados continuarían en funciones, lo que podría entorpecer la investigación. “No es lógico que un trabajador vinculado a un presunto hecho de corrupción continúe ejerciendo la misma función. Se podrían aplicar medidas preventivas, como la rotación o suspensión, mientras se esclarecen los hechos”, advirtió.

La denuncia fue inicialmente remitida por la Procuraduría de la SUTRAN en Lima, tras recibir documentación y una denuncia anónima que alertaban sobre las presuntas irregularidades. El material fue revisado por la Oficina de Integridad Institucional y posteriormente canalizado al procurador anticorrupción de la región.

Aunque el caso no ha sido considerado flagrante, la Fiscalía evaluará si corresponde aplicar medidas restrictivas contra los implicados, según avance la investigación preliminar. “Todo dependerá de la valoración de la fiscalía sobre la gravedad de los hechos y la necesidad de asegurar la investigación”, aclaró Ponce.

Finalmente, el procurador enfatizó que su despacho actúa conforme al marco legal, canalizando cada denuncia que presenta indicios razonables de corrupción. “No somos una caja de resonancia. Si el caso tiene mérito, actuamos y lo llevamos hasta donde corresponda: Ministerio Público, Contraloría o la fiscalía especializada”, concluyó.