POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Los acontecimientos de estos últimos días, evidencian que el conflicto social se viene agravando, no ahondaremos en la torpe intervención policial en la Universidad de San Marcos, que pone de manifiesto la nula lectura política del Gobierno y más bien refuerza la percepción de un barco a la deriva, reducido a la defensa del estado derecho con un garrote a lado; si algo le faltaba a las movilizaciones de la llamada “toma de lima”, que era cohesión, involucramiento de actores de la propia lima, esta última decisión de Gobierno, lo ha logrado, ha despertado una adormecida solidaridad, que le dará mayores impulsos a las movilizaciones.
La agenda se ha reducido a la renuncia de Dina Boluarte y adelanto de elecciones, relegada la asamblea constituyente e inadvertía la restitución de Pedro Castillo, y si quisiéramos hablar de políticas públicas, de mejores proyectos de inversión, de servicios públicos para las Regiones, siendo materias muy necesarias, están coyunturalmente relegadas en la urgencia del momento.
Definitivamente, el Gobierno no quiere abordar estos temas, lo último fue exigir priorizar la segunda votación respecto al adelanto de elecciones para el 2024, ni por asomo se mencionaba el 2023, a un Congreso que se encuentra inmerso en una pasmosa indiferencia, decidieron visitar a sus regiones en la llamada semana de representación, cuando esas mismas regiones estas con el calor de la protesta, esta desconexión ahonda en su permanente deslegitimación. Pero no es un comportamiento aislado, los otros órganos constitucionales que al unisonó sentaron posición contra el autogolpe de Pedro Castillo, en particular el Ministerio Público, hoy nos permiten compartir un ejercicio menguado de sus funciones constitucionales en la defensa de la legalidad y los derechos ciudadanos; una estratégica y renuente pasividad frente a un país que se confronta en sus narices.
Y si llegamos a un punto muerto, donde están mostradas las posiciones, pero no los actores con quienes dialogar, el estado puede renunciar a esa necesidad, propia de una democracia, la respuesta es no; el Estado tiene la obligación de construir espacios de diálogo, no puede renunciar a su autoridad, con un instrumento vital frente a sus ciudadanos, dialogar. Y es cierto, existe la clara percepción ciudadana de que el derecho a la protesta, pese a tener connotación constitucional, es insuficiente frente a su criminalización, y para evitar responsabilidades futuras, se prefiere el anonimato; comprendida esta autoprotección, corresponde apelar a lo institucionalizado.
El Acuerdo Nacional, ampliando su composición, si es que hoy esta ninguneado es precisamente porque no se le permite un mayor protagonismo y más bien se percibe cierta manipulación en las oportunidades de su convocatoria, es un espacio prioritario. La Mesa de Concertación, que de alguna manera el propio gobierno ya lo cito, pero sólo hasta allí, tiene una incidencia nacional, con una abierta y democrática participación puede perfectamente coadyuvar al diálogo con quienes permanentemente dialoga.
Las Universidades, distinguiendo la paja del trigo, que tiene a los mejor de nuestros ciudadanos en sus fases formativo profesionales y con evidente capacidad de liderazgo, puede circunstancialmente allanar el camino para el buscado diálogo. Sin embargo, tenemos autoridades lectivas en los niveles sub regionales y locales, como son los gobernadores y alcaldes, que en octubre pasado fueron elegidos democráticamente y hace tres semanas asumieron funciones, gozan de indiscutible legitimidad y ascendencia, que deben constituirse en puentes inmediatos de la necesaria comunicación, a la que con facilidad renuncia el propio gobierno, y que ningún resultado le ha brindado hasta la fecha y más bien amplió las brechas del conflicto.
Será difícil que el Gobierno lo admita, pero tal como han evolucionado las cosas y sus propias respuestas, que han soliviantado a la ciudadanía, no puede propiciarse ese diálogo si es que no se asume y comprende la propuesta acentuada en el común, la renuncia de Dina Boluarte, la reestructuración de la mesa directiva del Congreso y convocatoria a elecciones; forzar al parlamento a optimizar una agenda de reformas constitucionales, focalizado en un adelanto de elecciones para este año, es un paso importante y a ello debemos agregar la flexibilidad asumida por el sistema electoral para facilitarlas. Los acontecimientos han tomado un rumbo sin marcha atrás, en política la oportunidad es muy importante, se diluyó con facilidad, al no removerse al primer ministro, como responsable político en diciembre pasado, optándose por una sobrevivencia política a costa de su propia deslegitimidad.
Las limitadas referencias políticas que tenemos de Dina Boluarte, nos permiten encontrarnos con una autoridad pusilánime, indecisa y muy temerosa -sin dejar de lado los acomodos en el propio Gobierno de Pedro Castillo-, que apelando recurrentemente a su condición de mujer y provinciana, quisiera darnos cuenta de sus compromisos con el Perú profundo y los marginados de siempre; sin embargo, sus mensajes recientes, pretenden mostrarla impositiva, vertical y de carácter, escondiendo los dilemas en que se encuentra y sin disposición a generar espacios de diálogo.
Más de cincuenta ciudadanos fallecidos, ciudades del país convulsionadas, descontroladas, carreteras tomadas, la capital distraída por la población movilizada y las propias fuerzas policiales y militares, deben también estar presentes en el discernimiento de sus decisiones, sin descuidar las responsabilidades sobrevinientes como se suscitó con la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, detenida en un penal desde marzo del 2021. De lo que menos debe evitarse una primera autoridad es una lectura objetiva, real, política de lo que viene aconteciendo para determinarse por decisiones adecuadas, oportunas y que generen empatía con sus ciudadanos. Desde su primera presentación ante el Congreso, mostrándose condescendiente y se aventuró irse hasta el 2026, pasando por alto su excepcionalidad, no se han ido más que acumulando desaciertos resquebrajando nuestra débil institucionalidad, rompiendo la tenue relación sociedad y estado.
Desde nuestras responsabilidades democráticas no podemos caricaturizar las protestas, debemos hacer un ejercicio de prudencia, el porqué es tan importante en un contexto en que empieza a generalizarse el descontento, se impone el momento destituyente, se incrementa el desapego democrático; porque aún con sus debilidades la democracia, es lo mejor que se tiene como estructura social.
Antes de confrontarnos como ciudadanos, apelando a la descalificación de la opinión, adjetivando acciones, ridiculizando posiciones, debemos reclamarnos una cuota de responsabilidad frente a las acciones del Estado, pues es el quien decide y a nombre de todos nosotros.
