POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
El Monumento Nacional del Monte Rushmore, ubicado en el Dakota del Sur (EEUU), alberga el tallado de 18 metros de altura de 4 mandatarios: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Anualmente recibe en promedio 3 millones de turistas, siendo considerado patrimonio nacional en la tierra del Tío Sam.
Siete mil kilómetros de distancia, en nuestro país no podemos opinar lo mismo. A inicios de año, el diario RT en español, recogiendo la noticia de un diario capitalino, tituló: “Cuatro expresidentes peruanos podrían ser condenados este 2025”, en referencia a los diversos procesos judiciales que afrontan los exgobernantes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, y Pedro Castillo. Cabe precisar que tanto el primero como el último de los nombrados se encuentran actualmente en la cárcel. Toledo Manrique cumple sentencia (en primera instancia) de 20 años por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso denominado Carretera Interoceánica Sur, Tramos 2 y 3; mientras que Castillo Terrones está con prisión preventiva de hasta 36 meses por el presunto ilícito de organización criminal.
Sin embargo, es común denominador que en casi todos los casos (salvo el ‘prosor’) las investigaciones han sido (y siguen siéndolo) literalmente eternas. Toledo fue condenado 11 años después de haber dejado el poder; en tanto que, para Humala, viene transcurriendo más de 8 años y aún nada. Y de Vizcarra, el más tunante, está acusado de presuntos delitos por su paso como Gobernador Regional de Moquegua (2011-2014); es decir, 10 años y tampoco nada. Aquí debemos enfatizar que el mitómano Martín Alberto no tiene imputación (por lo menos no públicamente) por algún ilícito relacionado cuando le tocó ocupar el Sillón de Pizarro (marzo a noviembre de 2000), incluyendo el cierre inconstitucional del Congreso de la República (la inhabilitación en dos oportunidades y hasta por 10 años para ejercer la función pública dictada por el Parlamento, es sanción administrativa).
La respuesta a estas coincidencias en la demora del trámite penal es la afinidad ideológica-económica de estos personajes con los caviares. Estos últimos, reducidos pero poderosos al estar enquistados en el aparato estatal (aunque cada vez con menor frecuencia gracias a la eficiente gestión de Dina Boluarte), son el soporte legal dado sus precisos contactos al interior de la administración de justicia. Y lo hacen, no de gratis, sino para asegurarse que en estas pesquisas no se encuentren comprometidos. Prueba de ello es que para el Ministerio Público los únicos culpables serían los exjefes de Estado; ergo, actuaron solos, lo cual resulta inverosímil.
De esto último, y respecto del ilustre hijo Chotano, resulta que en esta investigación también se están comprendidos Mirtha Vásquez y Pedro Francke, como entonces Premier y Ministro de Economía, respectivamente; no obstante, extrañamente (por ser bondadosos en el término) no han vuelto a ser citados, lo cual también es inconcebible.
