POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Es innegable que el ejercicio de la política está sumido en niveles paupérrimos. Aun cuando se han masificado los medios tecnológicos que irónicamente “democratizan” las opiniones, las dimensiones que ha cobrado no hacen más que enturbiar sus perspectivas; están ausentes la generación del debate reflexivo, las críticas constructivas y las propuestas concretas y posibles, alimentando el oportunismo y, sin admitirlo, reforzando la brecha de desafectación ciudadana hacia nuestras instituciones, pues se va perdiendo la concepción de servicio público.
Siempre hemos considerado que los espacios políticos reclaman liderazgo y ascendencia, acompañados de imprescindible responsabilidad, que implica acudir a una labor de docencia, orientando, aclarando y precisando a los electores, quienes deben identificarse con las instituciones y con quienes van a conducirlas, en la perspectiva de instituirse en una oportunidad para el desarrollo, que genere esperanzas sobre realidades no disfrazadas. Quienes alcanzamos una edad madura recordamos con nostalgia las polémicas entre candidatos, no ajenas a puyazos; hasta para eso eran creativos y elegantes. La militancia estaba influenciada por una doctrina y una manifiesta identidad política, distante de toda volatilidad.
Emprendemos nuestro caminar cotidiano y, calle tras calle, nos apabulla la publicidad fija y móvil. Es un verdadero carnaval, un concurso de posicionamiento publicitario. Claro que el objeto es colocar el nombre o logo en la mente del elector, sin darle pie a su discernimiento, y que el subconsciente mecánicamente decida, la llamada publicidad subliminal; y quisiera pasar desapercibido el importante desembolso económico que significa cada acción, lo que refuerza la distorsión del ejercicio democrático del voto; que ganen las ideas y propuestas serias, descansando en una autoridad honesta, con carácter, compromiso y disposición, mas no el apabullamiento publicitario matizando la incapacidad y los intereses subalternos.
DESCENTRALIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO ELECTORAL
Un año excepcional: elecciones generales con segunda vuelta incluida y ahora elecciones municipales y regionales. Estas últimas también consideran la segunda vuelta si es que el ganador no supera el 30 % de los votos válidos, que es la proyección en muchas regiones. Desde que reimpulsamos la descentralización, con modificaciones sustantivas en nuestra Constitución, acudimos al séptimo proceso de elecciones subnacionales. No obstante haber significado mayores recursos y competencias, no se percibe un auténtico proceso de desarrollo integral. Lo más preocupante es la manifiesta actitud de la generalidad de candidatos regionales, que no han colocado énfasis en arrancarle a la centralidad gubernativa mayores competencias y poder de decisión. El canon minero, si bien ayuda en la solvencia financiera, también tiene un efecto negativo: distrae de reimpulsar el proceso de descentralización.
Los distintos ejercicios de inducción electoral, llámense campañas electorales, han desperdigado ingentes recursos económicos que desbordan la capacidad de los propios candidatos, evidencia de la oscuridad del financiamiento electoral que, a pesar de las acotaciones legales, son sobrepasadas con facilidad. Despiertan una legítima preocupación: el riesgo de estar comprometiendo recursos e inversiones a intereses foráneos. Si desde ya la corrupción se ha incrementado en estos niveles de autoridad, siendo recurrentes las denuncias de la Contraloría General, la primera responsabilidad de las autoridades electas es asumir estrategias de contención y transparencia, para que estos flagelos no se adueñen de los destinos de los ciudadanos que con disposición otorgaron su confianza; sin embargo, es también la mejor oportunidad para que desde la ciudadanía se defienda ese mandato otorgado, acudiendo a una atenta labor de escrutinio de la gestión, especialmente en la administración de los recursos y sus proyectos de inversión.
Los ciudadanos debemos reclamarnos un ejercicio de ciudadanía que convoca una labor de activismo, opinando, fiscalizando, denunciando; no reduzcamos nuestro derecho democrático al solo votar, es lo que quisieran quienes aspiran a convertir la gestión en una administración de predio privado, cuando es la entidad donde se determinan los destinos de toda una comunidad.
DE LAS PROMESAS A LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Y tal como lo intitulamos, acabado el folklore político, con que se han desnaturalizado los procesos eleccionarios, la página dio vuelta con prontitud. Ahora corresponde el ejercicio propio del mandato brindado por las urnas; una cosa es el programa recogido por el sistema electoral, otra lo que se dice en campaña y ahora, luego de la jornada electoral, corresponde un ejercicio debido, oportuno y decente del cargo, retomando la realidad como factor determinante para las decisiones, que no permiten dubitaciones; de la promesa a su concretización, del mensaje dúctil a las masas a las decisiones en serio, de la voz casi panfletaria al prudente ejercicio del cargo, es momento de las responsabilidades.
A diferencia de las elecciones generales, especialmente en el interior del país, hay una mayor movilización ciudadana y todas las candidaturas recaban importantes apoyos, rebasando la propia densidad electoral, lectura del acomodo momentáneo, jugando con las fichas de las opciones para estar siempre con los ganadores, lo que es problemático porque se generan grandes expectativas que el ingenuo elector no dimensiona; en el futuro significa fragilidad en la representación y pérdida de legitimidad. Por ello, las autoridades electas, desde un primer momento, deben actuar con cautela. Es necesario disponer de un inmediato diagnóstico, sin distraerse en buscar deficiencias en las gestiones anteriores —eso lo hará la justicia—, más bien para tener una base solvente, desde dónde y sobre qué se parte, para construir un ejercicio de gestión posible, comprometido y que permita sembrar los lineamientos y proyectos que se emprenderán. El tiempo pasa pronto y no es un buen aliado para las gestiones; por ello, los tiempos de espera no ayudan. Las decisiones, y con principio de autoridad, deben dictarse desde el primer día; los necesarios cargos de confianza deben soportarse en la competencia y especialidad, no sustituyen a la primera autoridad, sino que ejecutan lo que esta disponga.
Culminado el proceso electoral, quienes no tuvieron éxito no deben renunciar a sus responsabilidades democráticas; por el contrario, deben poner a disposición de los ganadores sus propuestas y cuadros técnicos, pues lo bien que le vaya al alcalde o gobernador significará que le vaya bien a la comunidad. Los electores seguiremos siendo ciudadanos con derechos y con exigencias. Por supuesto que hay un voto de confianza, pero ello no implica renuncia a nuestras legítimas expectativas y derecho a la protesta; la confianza tiene límites.
