El último reporte mensual de la Defensoría del Pueblo, correspondiente a agosto de 2018, establece dentro de los conflictos sociales latentes a nivel nacional, una serie de sucesos, involucrando a la provincia de Islay en algunos que se conocen, destacando en el apartado denominado “Alertas Tempranas” (pág. 12) el relacionado al proyecto minero Quellaveco.
“ALERTAS TEMPRANAS”
De acuerdo al Reporte de Conflictos Sociales N° 174, la Defensoría del Pueblo cataloga como “Alertas Tempranas” los hechos cuyo conocimiento anticipado puede permitir el manejo pacífico de un conflicto. En ese sentido menciona 24 alertas en el país.PODRÍA SUCEDER UN NUEVO CONFLICTO
Según el documento, el caso Quellaveco, ubicado en Moquegua, implica la afectación de los agricultores del Valle de Tambo y es considerado del tipo socioambiental. Defensoría del Pueblo, considera que el caso está en observación, y advierte: “Puede devenir en un nuevo conflicto social”.
De este modo se traduce en el reporte, los últimos acontecimientos que se han protagonizado en el Valle de Tambo con el fin de evidenciar el malestar y disconformidad de la población, dirigentes y autoridades de la provincia de Islay, sobre el inicio de las operaciones del proyecto minero Quellaveco en Moquegua, que, a decir de los afectados, devendría en una perturbación importante al recurso hídrico de la cuenca del Tambo y por consiguiente de la provincia.
EN OBSERVACIÓN
El caso es reiterado en el apartado “Casos en Observación” (pág. 93) del reporte, en donde se indica textualmente lo siguiente:
“El 9 de agosto de 2018 se publicó en medios de prensa el Pronunciamiento de las Juntas de Usuarios del Valle de Tambo, quienes manifiestan su oposición al aprovechamiento de agua de un afluente del río Tambo para el desarrollo del proyecto minero Quellaveco y emplazan al Presidente de la República y al Ministro de Agricultura y Riego para que dispongan proseguir con la licitación y construcción de la represa de Paltuture”.
OTROS CONFLICTOS EN ISLAY
El amplio reporte de 108 páginas de la Defensoría del Pueblo, también señala la situación actual de otros conflictos que envuelven a la provincia de Islay.
CASO: TÍA MARÍA FOTO TÍA MARÍA
El caso del proyecto minero Tía María es catalogado como “Conflicto Activo”. En su reporte mensual de agosto informan que “No hay diálogo”. Reportan en los hechos, la reciente audiencia de agosto en donde se instaló el juicio oral en contra de los implicados en las protestas de 2015. En conclusión, interpretando el informe, el conflicto aún no está resuelto.
Según la Defensoría del Pueblo, un “Conflicto Activo” es el conflicto social expresado por alguna de las partes o por terceros a través de demandas públicas, formales o informales.
CASO: CORALAQUE FOTO CORALAQUE
Otro caso considerado como “Conflicto Activo” es el relacionado a la contaminación del río Coralaque en donde los pobladores de la comunidad Pachas en la región Moquegua, denuncian la contaminación ambiental del este afluente del Tambo, por parte de la empresa Minera Aruntani S.A.C. El caso no registró hechos durante agosto, pero aún no tiene solución.
CASO: PESCA ARTESANAL FOTO PESCA ARTESANAL
Un caso adicional y que es referido por la Defensoría del Pueblo como “Conflicto Latente”, es el concerniente a los pescadores artesanales de las provincias de Islay y Caravelí, que cuestionan la disposición administrativa del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) que establece que sólo dieciséis infraestructuras pesqueras pueden desembarcar productos de pesca (pota) con destino a la Unión Europea y ninguna está ubicada en Arequipa. El caso es considerado como asuntos de gobierno nacional. Este caso pasó de “Activo” a “Latente” según el informe.
CASO: AGUA DE PASTO GRANDE FOTO PASTO GRANDE
También destaca en el apartado de “Casos en Observación” el tema multiregional entre Moquegua y Arequipa referido a la dación del recurso hídrico de la represa Pasto Grande para el valle de Tambo. Los agricultores del Valle de Tambo, a través de sus juntas de usuarios le piden a la Autoridad Local de Tambo – Alto Tambo que la represa de Pasto Grande les entregue los 8,2 hectómetros cúbicos de agua que les corresponde en temporada de estiaje (septiembre a diciembre). Cabe indicar que esta dotación fue dispuesta mediante el Decreto Supremo N° 002-2008-AG, se lee en el reporte.
Como se sabe el caso no encuentra una solución adecuada. Es más, el tema se agrava con las últimas disposiciones en reducir el volumen de entrega de 8.2 a 4.5 hectómetros cúbicos, lo cual, ciertamente, podría devenir en un conflicto social.
