La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 187, correspondiente al mes de setiembre de 2019, en el cual establece que el conflicto por el proyecto minero Tía María es un “caso activo” del tipo socioambiental.
La Defensoría del Pueblo considera que hay hechos cuyo conocimiento anticipado puede permitir el manejo pacífico de un conflicto. En ese sentido describe en el informe, la situación del conflicto señalando textualmente que “Organizaciones sociales y pobladores del Valle de Tambo reiniciaron la huelga indefinida en rechazo al proyecto minero Tía María desde el 22 de agosto”.
CASO EN CRISIS
Por ello detalló en el informe que, durante el mes de septiembre, correspondiente al informe, el caso de Tía María fue uno de los tres en el país que estuvo en crisis, así como Chumbivilcas con MMG Las Bambas (Cusco) y Milpo – Nexa Resources (Pasco).
“NO HAY DIÁLOGO”
De otro lado en el detalle de los conflictos sociales activos por departamento, la descripción del informe señala que en el caso del conflicto por Tía María “no hay diálogo”.
El argumento explica que “el 7 de octubre se realizaron en Lima en la sede del Consejo de Minería, las audiencias de vista de causa de los tres recursos de revisión contra la resolución que autorizó la construcción del proyecto Tía María, presentados por el Gobierno Regional de Arequipa, el Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca y anexos, y la Junta de Usuarios del Valle de Tambo. El Consejo de Minería tiene un plazo de 15 días hábiles para resolver los recursos después de la vista de causa”
CONFLICTO LATENTE: AGUA PARA QUELLAVECO
Además, en el informe se aprecia como conflicto latente el que las juntas de usuarios del Valle de Tambo, Punta de Bombón, e irrigación Ensenada – Mejía – Mollendo de la provincia Islay, cuestionan la autorización de uso de aguas del río Tambo otorgada al proyecto minero Quellaveco y una supuesta reducción del volumen de compensación al Valle de Tambo del Proyecto Pasto Grande. Asimismo, demandan proseguir con la licitación y construcción de la represa de compensación de Paltuture.
184 CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL
Asimismo, en el informe se indica la existencia–entre otros aspectos– de 184 conflictos sociales registrados (132 activos y 52 latentes). Respecto al mes anterior se incorporaron un caso nuevo y dos resueltos.
CASOS NUEVOS
El conflicto nuevo es de tipo socioambiental e involucra a la comunidad campesina de Quilcas en Junín y la empresa minera Comacsa. Los miembros de la comunidad denuncian que la empresa estaría realizando actividades en su territorio sin contar con la autorización correspondiente y causando afectaciones ambientales.
ALERTAS TEMPRANAS
En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad doce alertas para que se actúe en el marco de sus correspondientes competencias y responsabilidades. Del total de alertas, un caso es nuevo, cinco son activos y ocho son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.
