POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Hace una semana compartíamos en este espacio de los riesgos del autoritarismo parlamentario, lo que ha sido corroborado con creces estos días con la elección del Defensor del Pueblo y aún en la crítica generalizada, se esperaba que con la reconsideración a la votación planteada-aquel instrumento que posibilita una reflexión más, en carencia de Senado-se lograría una rectificación, la respuesta fue la misma, prepotencia reforzada y dueños de la escena política nacional, sin contraparte que pueda obligar a reorientación sus decisiones.
Si bien, constitucionalmente se le entrega esta responsabilidad al Congreso, que implicaría dotar de legitimidad democrática a la elección, esta función fue encargada bajo la necesidad de que sea consecuencia de acuerdo entre la fuerzas políticas, tratándose de la dirección de un órgano de importante relevancia para la defensa de los derechos fundamentales y la supervisión de la administración estatal, por ello la exigencia de 87 votos, en la perspectiva que ninguna agrupación parlamentaria la tendría, la necesidad de construir consensos políticos, como acuerdo de una voluntad uniforme de nuestra representación, sin descuidar el indirecto asentimiento ciudadano.
Y lo que muestra este proceso de elección, no es más que una auténtica “repartija”, entendida como cuotas de poder, en un parlamento que con cada decisión muestra que es quien tiene las riendas de la dirección política del Estado, frente a un Ejecutivo secuestrado, un grueso sector de la prensa complaciente y una ciudadanía parsimoniosa. Con total descaro, las distintas bancadas en una interesada “armonía política” están recomponiendo las distintas entidades públicas, maltratando todo principio básico de independencia, para colocar autoridades funcionales a sus mezquinos intereses, indisponiendo una vez más nuestra débil institucionalidad democrática. Cuan funcional les resulta haber alterado la autonomía de la SUNEDU o la propia entidad que debe ser la salvaguarda de la constitucionalidad, como lo es el Tribunal Constitucional; y a propósito de este último órgano, aún está por elegirse al último magistrado y que a pesar del deslinde de Fuerza Popular, dejando en libertad a su bancada para la votación del Defensor del Pueblo, la uniformidad de su votación evidencia una vez más sus “mañas políticas”, la existencia de un sobrentendido acuerdo para esta próxima determinación.
Sin embargo, esto no se agota aquí, pieza clave de este ajedrez político, es la “riesgosa independencia” de la Junta Nacional de Justicia, quien tiene bajo su responsabilidad distintos procesos disciplinarios contra la actual Fiscal de la Nación Patricia Benavides, cuya autonomía hace buen tiempo que la dejo en reposo; en consecuencia, decidieron allanar los caminos, pues los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia son elegidos por una Comisión Especial que por expreso mandato de la ley está presidida por el Defensor del Pueblo-el circulo se cierra-, y quién fue el impulsor de esta regulación, es el hoy embajador en España designado por el actual gobierno, Walter Gutiérrez Camacho, de irrelevante performance en la Defensoría.
Las prisas y pisotones en este proceso de elección, tiene una respuesta: la prolija y decente conducción de la Defensora del Pueblo (e) Eliana Revollar Añaños, que como persona y funcionaria nos ahorra de mayores comentarios con el gesto valiente y un manifiesto mensaje, su renuncia a la propia entidad de la Defensoría que por más de veinticinco años albergó su competencia, honestidad y compromiso. En tanto otros silenciaban o autoexcluían sus responsabilidades funcionales, la Defensoría del Pueblo tuvo una participación oportuna, objetiva, descentralizada, haciéndole sentir a los ciudadanos que también hay un Estado con ellos, y no fue sesgada su intervención como se pretende empañar su labor, fue muy crítica con todos los involucrados colocando el acento donde era necesario hacerlo. En el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encontramos gran parte de su sustento en los informes Defensoriales, lo que evidencia la seriedad de su labor.
La Defensoría del Pueblo, ha recuperado el perfil que dejó asentado Jorge Santistevan de Noriega en sus épocas fundacionales, que ayudo a reconducir nuestra democracia, revalorando el rol ciudadano y empoderando a las instituciones, lo que hoy está en grave riesgo. Puede alegarse, que debe dársele un prudente tiempo al nuevo Defensor del Pueblo para liberarnos de las dudas, pero lo cierto es que su devenir político, sus coqueteos políticos por no decir sus acomodos políticos y su propio perfil, no otorgan credenciales que garanticen sobriedad y temperamento para la conducción de una entidad rectora para nuestra novel democracia. “Recibe usted una institución independiente de los poderes de turno, heredera de las mejores tradiciones legadas por los anteriores defensores del Pueblo”, fue el mensaje que le dejo Eliana Revollar Añaños a Josué Gutiérrez Cóndor.
Un Congreso deslegitimado, con la más baja percepción ciudadana de su historia, llevado con facilidad y sin rubor a extremos de degradación, nos entrega una institucionalidad sesgada, camino al despeñadero democrático, como si el abstencionismo ciudadano lo avalara, así como los científicos nos proponen un “silencio sísmico peligroso”, también el cansancio y hartazgo ciudadano puede ser explosivo e irreversible, alentado por el manoseo de estas inefables agrupaciones políticas.
Lo están copando todo, ahora viene el sistema electoral, empezando por el Jurado Nacional de Elecciones, al no haberse amedrentado y mostrarse autónomo, que ya es mucho decir ante una osada dictadura parlamentaria, nada distante del fujimorato, o acaso nuestra frágil memoria pasa por alto el avasallamiento del Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, el JNE…ocurre hoy lo mismo.
Todo cambio es necesario, más cuando se cumple el periodo de mandato legal, refresca la gestión, implica renovados impulsos, reordenar estrategias y planes, rectificar acciones, pero bajo los parámetros que la propia Constitución propone, racionalidad y ponderación, transparencia y objetividad, y distante a toda arbitrariedad que pueda poner en tela de juicio las decisiones y esto es precisamente lo que viene ocurriendo y no como una decisión aislada sino sistemática, con involucramiento de la clase política sin distingo alguno. Los hombres pasan las instituciones quedan, en el deber de fortalecerlas, hacerla más propensas al servicio de la ciudadanía y constituirse en soporte de nuestra institucionalidad democrática.
