La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Rosío Torres Salinas (APP), aprobó por 9 votos a favor, el informe de calificación que declara procedente las denuncias constitucionales nros. 209 y 231, contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, la primera de ellas, por la presunta infracción al artículo 159 (inciso 4), de la Constitución.
La denuncia nro. 231, hecha suya por la congresista Gladys Echaíz (APP), y declarada procedente, es por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal, falsedad genérica, previsto en el artículo 438 del Código Penal
También por los delitos contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad, encubrimiento real, y contra la tranquilidad pública – organización criminal, tipificados en los artículos 395, 376, 405 y 317 del Código Penal, respectivamente, en agravio del Estado.
El informe también solicita a la Comisión Permanente que otorgue el plazo de Reglamento (no mayor de 15 días hábiles) a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que realice las investigaciones del caso y emita el informe final correspondiente.
“(Ese plazo podría ser) prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales”, señala el Reglamento del Congreso.
A la hora de la votación, cuatro legisladores se pronunciaron en contra del presente informe de calificación. Hubo dos abstenciones.
Entre los fundamentos de hechos de la denuncia constitucional presentada por la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) se sustenta en que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, no habría iniciado las investigaciones preliminares contra el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrores, sobre un presunto pago que habría recibido de parte de Karelim Lisbeth López Arredondo, por intermedio de su exsecretario General del Despacho Presidencial, señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, con la finalidad de “tener las puertas abiertas para las obras públicas y el acceso a la mayor cantidad de contratos”.