POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
A seis semanas de las elecciones generales, el panorama político electoral se va vislumbrando; así la reciente encuesta nacional urbano rural publicada ayer por el IEP (Instituto de Estudios Peruanos), nos ratifica una tendencia de estas últimas semanas, Acción Popular encabeza las preferencias presidenciales y Congresales. No obstante, revisando la cifra al detalle, no habrá mayoría parlamentaria, el gobierno que asuma en julio, encontrará un parlamento fragmentado.
En las elecciones del 2016, el partido fujimorista Fuerza Popular ganó 73 de los 130 escaños, mayoría absoluta; y en las elecciones de enero del 2020, para el nuevo Congreso que solo ejerce hasta fines de Julio de este año y elegido en reemplazo del disuelto, el elector definió una representación atomizada. Ni uno ni otro resultado debería generar recelo, sostenidos en el principio democrático, cualquiera que sea la determinación autónoma y discrecional del elector, debe darle soporte, consensos e institucionalidad al país. Lo que no ha ocurrido, es una asignatura pendiente de las distintas fuerzas políticas y especialmente de sus liderazgos.
Vamos buscando respuestas. Fuerza Popular, en aquél 2016, perdió en segunda vuelta la elección presidencial; sin embargo, en la primera obtuvo para el Congreso un 36% de votos, que se convirtió en 56%. Obtuvo un 19% del total de electores hábiles (todos los que están en la capacidad de votar), un 23% del total de peruanos que fueron a votar y un 36% de los votos válidos emitidos, con esto último sólo hubiera logrado 46 o 47 congresistas, alejado de los 73 que finalmente le correspondió. ¿Qué pasó?
Uno de los factores, es la llamada “barrera o valla electoral”. En el 2005 se promulgó la ley 28617, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Partidos Políticos, limitando el acceso de partidos políticos que no superen el 5% de votos válidos a nivel nacional o que no cuenten con al menos 5 congresistas electos en más de una circunscripción electoral, que a consideración del Tribunal Constitucional, persigue “evitar una fragmentación en la representatividad congresal que obstaculice la gobernabilidad; el consenso entre las mayorías y minorías, y la toma de decisiones oportunas y trascendentes en la vida política, social y económica del país”. Es decir, sólo aquellos partidos políticos que superen ese mínimo porcentual o de congresistas, participan de la distribución de escaños; por consiguiente, los que logran superarlo se endosan de un mayor porcentaje de representatividad parlamentaria.
Una lectura no alentadora, se da en determinadas circunscripciones electorales cuando un candidato congresal puede ser el de mayor ascendencia electoral y en consecuencia él más votado, pero si su partido no supera los mínimos que propone la valla electoral, no será elegido.
Sucedió hace un año con el hoy candidato presidencial Alberto Beingolea, de ser un candidato congresal con las más altas votaciones, no logró llegar al Congreso, porque su partido político no supero el mínimo establecido en la norma. Cuenta la crónica política, que en Cajamarca -el 2016- tuvo un holgado triunfo la agrupación Democracia Directa, pero al no superar la valla electoral, se revirtió y fuerza Popular obtuvo cuatros de seis escaños. Una candidatura congresal es exposición pública, se contrasta su actividad pública y también privada, sus potencialidades, sus propuestas y también le genera desembolso económico. Ya no es suficiente, ser la mejor propuesta de candidatura, es también importante evaluar con frialdad las expectativas ciertas que en dimensión nacional tiene su propio partido. Caso contrario, más que ilusión personal, es también desencanto en quienes confiaron con su voto.
Un tema, no ajeno, y me parece oportuno dejarlo acentuado es la propuesta que en su momento alcanzo la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que las elecciones parlamentarias coincidan ya no con la primera vuelta sino con la segunda elección presidencial, en caso que ocurriera. Viendo antecedentes, el objetivo de la segunda vuelta electoral es darle mayor legitimidad al candidato presidencial y disminuir el número de partidos políticos. No ha funcionado, por ello la propuesta. Si se diera, los ciudadanos electores focalizan su voto en los candidatos más votados, existiendo o no segunda vuelta, lo que fortalecería la gobernabilidad.
Nuestro sistema electoral, responde a una singular dinámica social, tiene que renovarse para fortalecer nuestra democracia.