POR: JULIO FARFÁN VALVERDE   

Han transcurrido siete años desde que las autoridades moqueguanas deberían haber exigido al Consorcio Obrainsa el cumplimiento integral de las obras del proyecto de Lomas de Ilo. Ahora, nos encontramos en la etapa final, con apenas 30 días antes de que la empresa, el Gobierno Regional y el Proyecto Especial Regional Pasto Grande concreten uno de los mayores desastres para la región Moquegua, permitiendo que el Proyecto Lomas de Ilo finalice con obras inservibles que incumplen los términos del contrato y que, tal como están, nunca cumplirán el objetivo de expandir la frontera agrícola en la provincia ileña.

La cuenta regresiva ha comenzado y, a partir del 7 de febrero de este año, el Consorcio Obrainsa Astaldi quedará liberado de toda responsabilidad por defectos o vicios ocultos en las obras. Además, podrá solicitar la devolución de más de 27 millones de soles, correspondientes al fondo de garantía (carta fianza) y los laudos arbitrales. Están en juego casi 40 millones de soles.

Es esencial destacar que este plazo, que vence el 7 de febrero, se cuenta desde la firma del Acta de Recepción sin Observaciones de Lomas de Ilo, suscrita en la gestión de Jamocho Rodríguez el 6 de febrero de 2017. En este documento, se reitera la responsabilidad del Consorcio Obrainsa Astaldi por los defectos o vicios ocultos de la obra.

Desde entonces, las gestiones de Jaime Rodríguez Villanueva, Zenón Cuevas Pare y Gilia Gutiérrez Ayala no han realizado de manera fidedigna la prueba de la funcionabilidad de las tuberías ni han levantado una nueva Acta de Recepción de las obras de Lomas de Ilo, y recae sobre ellos toda la responsabilidad. Los exgerentes del PERPG, el Ing. Johan Vílchez, el Ing. Freddy Zeballos Núñez e incluso el Colegio de Ingenieros de Moquegua han señalado defectos en la obra, sin recibir la debida atención del GORE Moquegua y el PERPG.

Todo indica que las autoridades están favoreciendo al contratista Consorcio Obrainsa Astaldi, permitiéndole eximirse de responsabilidades frente a posibles defectos en la obra y cobrar a partir de febrero de 2024.

La gestión actual de la gobernadora regional Gilia Gutiérrez y el gerente del PERPG Javier Romero Luna sólo ha consistido en maquillar las obras del proyecto, dejando de lado pruebas hidráulicas fundamentales con los 900 lt/s para evaluar la funcionalidad del sistema de tuberías con la capacidad total de agua.

Si la prueba fracasara, se podrían exigir reparaciones al Consorcio Obrainsa Astaldi o ejecutar la carta fianza. Sin embargo, en lugar de ello, el 15 de diciembre de 2023, Gutiérrez y su gerente de Pasto Grande validaron la funcionalidad de la obra utilizando agua estancada en tramos de las tuberías para simular un flujo continuo superior. Una farsa que podría constituir un delito.

Aquí se está claramente vulnerando la Ley de Contrataciones del Estado al no exigir el cumplimiento del Contrato N° 021-2013-PERPG/GR.MOQ. La cláusula duodécima de dicho documento establece que «Ni la suscripción del acta de recepción de obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho del PERPG, a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos». El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años.

Las autoridades se están haciendo la vista gorda para permitir que el Consorcio Obrainsa Astaldi no asuma los gastos por los defectos y vicios ocultos de la obra. La ceremonia del 15 de diciembre en Lomas de Ilo, donde Gutiérrez sustituyó al Comité de Recepción, validando todas las acciones, indica que están permitiendo a la contratista quedar exenta de responsabilidades y cobrar a partir de febrero de 2024.

El Proyecto Lomas de Ilo, se puede resumir en que, el expediente técnico exige una tubería que resista la presión más elevada. La única forma de validar la funcionalidad de la obra es soltando 900 l/s, una tarea que nunca se ha realizado, poniendo a prueba todo el conjunto. La Contraloría ha dejado claro que lo sucedido el 15 de diciembre de 2023 no fue una prueba real de flujo continuo, sino más bien una prueba por estancamiento.

El 6 de diciembre de 2013, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande y el Consorcio Obrainsa Astaldi firmaron el Contrato N° 021-2013-PERPG/GR.MOQ para la ejecución de la Obra: “Construcción de la Línea de Conducción N° 01 Jaguay – Lomas de Ilo y Sistema de Riego I Etapa” del Proyecto: “Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo – Moquegua”.

Desde entonces, se han pagado más de 322 millones de soles en el proyecto Lomas de Ilo, una inversión que podría desperdiciarse si no se toman medidas en este momento, ya que aún hay tiempo.

El propósito del proyecto es la irrigación de 1,750 hectáreas de expansión agrícola destinadas a la agroexportación en Las Lomas de Ilo mediante un sistema de riego tecnificado. La iniciativa implica la captación y almacenamiento del agua de los ríos Chilota y Vizcachas a través de una bocatoma. Posteriormente, el agua es dirigida a un sistema de bombeo que impulsa y conduce 650 litros por segundo a lo largo del canal Pasto Grande, asegurando su llegada a Ilo.

A pesar de la ambiciosa meta, el proyecto, que debía concluir en menos de un año (2014), enfrentó dificultades significativas durante su prueba inicial. El sistema colapsó, evidenciando deficiencias de la obra ejecutada por el Consorcio Obrainsa Astaldi, así como en la supervisión a cargo de la empresa ATA.

Cabe destacar que este proyecto ha sido objeto de controversia y señalamientos. Varios colaboradores eficaces han acusado al expresidente Martín Vizcarra Cornejo de recibir una presunta coima de 1 millón 300 mil soles vinculada a este proyecto, que solo hace agua por todos lados por la corrupción.