POR: ENRIQUE LAZO FLORES
“Aplicaremos la Justicia Comunal”, es una de las frases que soltaron los dirigentes el día que patearon el tablero del diálogo y eso es una clara amenaza que utilizarán como argumento para incendiar la pradera”.
Recientemente la mesa de diálogo instalada el año pasado entre la empresa Southern Perú y los comuneros de Tumilaca, Pocoata, Coscore y Tala fue prácticamente desactivada por los dirigentes de estas comunidades, como una muestra de no estar de acuerdo con la propuestas de la empresa, quienes ofrecieron 108 millones de soles, para atender las necesidades urgentes de las comunidades reclamantes, pese a no estar en la obligación de hacerlo, ya que los dirigentes no tienen ningún argumento comprobado que los reclamos que hacen tengan sustento legal.
Sin embargo, la empresa mostrando un ánimo de concertar con los dirigentes, se sentaron en una mesa de diálogo, donde se presumía se hallaría la solución a los reclamos de los comuneros, que en el plano real no son todos los comuneros, porque sucede que tras largos meses de diálogo, aparecieron los verdaderos propietarios de los terrenos, como la comunera Esther Landa, quien ha señalado que Iván Mendoza, dirigente que se arroga el derecho de representar a todas estas comunidades, está lotizando terrenos que no son de la propiedad de las comunidades al que supuestamente representa.
En este momento la misma representatividad en el cargo de dirigente de Iván Mendoza no contaría con la legalidad ya que no ha sido inscrito en los registros públicos, requisito legal para poder tener la representación de las comunidades a las que dice representar, pero la denuncia de la comunera Esther Landa trae abajo sus pretensiones, como que también habría otras comuneras que estarían preparando más denuncias en su contra, debido a que, según la denuncia ha colocado mallas en terrenos que no les corresponde.
Al respecto la comunera Landa ha señalado lo siguiente, “Iván Mendoza y su grupo nos han desalojado de manera violenta, ellos no son los dueños, por lo que no pueden vender mis tierras, yo tengo la sucesión intestada, que ellos pretenden desconocer aplicando la violencia, inclusive agrediendo físicamente a los miembros de la comunidad, eso no lo vamos a permitir, por más que sean unos criminales”, señaló Esther Landa.
Esta denuncia hecha por los pobladores de la Comunidad Campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala en la Comisaría de Moquegua, da pie a que muchos comuneros que están siendo afectados por Iván Mendoza, este dirigente sea señalado como un líder de una presunta organización criminal dedicado a traficar con terrenos que no cuentan con documentos que acrediten la propiedad de la comunidad, menos de propiedad de Iván Mendoza, quien estaría usurpando terrenos ubicados en el sector de Cruz Pata, en el distrito de Torata – Moquegua.
Los propietarios que denunciaron a Iván Mendoza, según consta en el acta de intervención policial, son María Landa, Roxana Landa, Rolando Cornejo y Martín Cabana, propietarios de terrenos que abarcan alrededor de 6 hectáreas de extensión, además de haberse constado que en cuyas inmediaciones, se han levantado 10 construcciones rústicas, como la presencia de un grupo de invasores que están realizando la delimitación de los terrenos.
Con la constatación de estos hechos, los denunciantes exigen a las autoridades actuar de inmediato, porque no es la primera vez que algunos invasores han pretendido apropiarse de esos terrenos que cuentan con documentos, como lo sucedido en el año 2015, donde también pretendieron quedarse con sus tierras, pero lograron desalojarlos, “esta vez vamos a continuar con la denuncia hasta recuperar nuestras tierras” señalaron.
Cabe señalar que la comunera Esther Landa que ha presentado la denuncia respectiva en contra de Iván Mendoza y sus invasores, señalando que han colocado bloques de concreto, palos, esteras, además de un pórtico que delimita el terreno e impide el ingreso a su propiedad, y esa es una clara muestra de querer despojarnos de nuestras tierras, lo que novamos a permitir”, señalaron.
NO VOLVER AL PASADO
“Aplicaremos la Justicia Comunal”, es una de las frases que soltaron los dirigentes el día que patearon el tablero del diálogo y eso es una clara amenaza que utilizarán como argumento para “incendiar la pradera”, donde Iván Mendoza, no tiene nada que perder sino, más bien mucho que ganar, (5 mil millones no es poca cosa), ya que está mostrando las intenciones de generar nuevamente conflictos como el año pasado, donde incendiaron campamentos, bases de vigilancia, bloquearon vías de comunicación, afectaron la línea férrea quemando varios tramos, bloqueando el abastecimiento de agua de consumo humano dejando sin líquido elemento al campamento de Cuajone, donde moran más de 5 mil personas, además de atentar contra el hospital donde habían pacientes en estado de gravedad y dejando que los alumnos asistan al colegio.
Haber roto el diálogo con la empresa y dejar sin efecto los acuerdos a los que ya se había arribado en el mesa de diálogo es recordar lo que se vivió en Cuajone el año pasado, en los casi 60 días de paralización, donde se ha demostrado que para los dirigentes de estas comunidades, no les interesa el esfuerzo de otras personas que trabajan para generar recursos que sirvan para cerrar brechas, sino, solo piensan en sus intereses personales, como lo demuestran al pedir 5 mil millones de dólares para levantar sus medidas de fuerza destruyendo a su paso lo que con esfuerzo construye los trabajadores de esta empresa.
PARA TENER EN CUENTA
Este proyecto de crecimiento, tiene una estimación actual de recursos minerales de cobre de 98 millones de toneladas de óxidos con un contenido de cobre de 0.45% y 52 millones de toneladas de sulfuros con un contenido de cobre de 0.59%. lo que prevé una mina a tajo abierto con una operación combinada de procesos de concentración y lixiviación para producir 130,000 toneladas de cobre y 7,500 toneladas de molibdeno al año con una inversión de capital estimada de US$2,600 millones.
Empero, es menester que el esfuerzo para dejar de lado estos conflictos no solo pasen por la decisiones a las que se arriben en la mesa de diálogo, siempre que se retomen, sino, de las estrategias que se tomen desde la Dirección de Recursos Humanos, funcionarios que conforman el área de Asuntos Laborales, y los propios trabajadores que ya demostraron su disposición de defender sus puestos de trabajo sumado a la población que también ha demostrado salir a defender las recursos naturales que generan la economía permitiendo cerrar brechas a través del canon minero. En este caso, estar alertas ante una posible amenaza de la “justicia comunal”.