POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
En plena audiencia del juicio oral en el caso conocido como “Cocteles”, el fiscal José Domingo Pérez ratificó el pedido de 6 años de cárcel para Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, por obstrucción a la justicia en ese mismo proceso. En paralelo, se conoció que el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, habría mentido reiteradamente en sus declaraciones para acogerse a la colaboración eficaz, poniendo en riesgo el juicio de los “Cuellos Blancos del Puerto” y, además, involucrando falsamente al letrado José Luis Castillo Alva con prisión preventiva.
Asimismo, recientemente, un semanario capitalino publicó un reportaje vinculando al actual ministro del Interior en un presunto caso de lavado de dinero en 2005, sin aportar mayores pruebas que la delación de un supuesto narcotraficante (actualmente fallecido) en un proceso. De inmediato, Juan José Santiváñez, visiblemente incómodo, negó las imputaciones en su contra, requiriendo notarialmente tanto al periodista a cargo de la nota como al director del medio la respectiva rectificación. Más aún, en una conferencia de prensa, atendiendo a la interrogante de una periodista sobre un tema similar, Santiváñez declaró que se pretende criminalizar la tarea del abogado.
En este contexto, es relevante destacar que no es la primera vez que colegas se ven comprometidos como parte integrante de actos ilícitos. Varios de ellos afrontan investigaciones fiscales e incluso, como está escrito, algunos están tras las rejas.
Seamos claros. Aquella persona (peruana o no) que delinque asume su responsabilidad penal, siempre que se cumpla el debido proceso (derecho de defensa, pluralidad de instancias, etc.). No obstante, el noble ejercicio profesional del abogado está constitucionalmente protegido por ley y consiste, entre otros, en patrocinar a imputados frente a la justicia, es decir, librarlos de la reclusión. Es cierto que a veces escuchamos que los jurisconsultos complican las cosas, es decir, alargan los juicios. No, no y no. Y otra vez no. Si una norma (Ley, Reglamento, Directiva, etc.) permite prolongar un determinado caso (en fiscalía o en sede judicial), sea para que prescriba el delito o para cambiar la detención por comparecencia a favor de su cliente, el abogado actuará de acuerdo a lo permitido. Por lo tanto, jamás estaremos coludidos ni entorpeceremos la recta administración de justicia en su trinomio: Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial, quienes tienen deberes y responsabilidades diferenciados, consagrados en la Carta Política y leyes.
En esa línea, los Colegios de Abogados de Lima (CAL) tienen un rol preponderante en la férrea protección de la labor profesional del agremiado. El CAL, por ejemplo, rechazó las agresiones sufridas por Giulliana Loza a la salida de la citada audiencia. Sí, lo hizo, aunque no existe un pronunciamiento respecto de los colegas perseguidos judicialmente por el quehacer cotidiano, es decir, la defensa irrestricta de su patrocinado. Benjamín Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, dijo: «Debemos mantenernos unidos o, con toda certeza, nos ahorcarán por separado».
