Graves ataques a la prensa marcan el primer semestre de 2025. El reciente informe del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), presentado ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), revela un escenario alarmante para la libertad de expresión en el país durante el primer semestre de 2025. El documento destaca un incremento sostenido en las agresiones físicas, hostigamientos legales, amenazas, censura artística y discursos estigmatizantes por parte de autoridades de los tres poderes del Estado.

El hecho más grave registrado es el asesinato del periodista Gastón Medina, director de Cadena Sur TV, ocurrido en enero en Ica. Medina había denunciado corrupción en el gobierno regional y municipal, así como actividades de extorsionadores. El crimen marca el punto más crítico de los últimos ocho años y evidencia el vínculo entre el deterioro de la seguridad ciudadana y el aumento de riesgos para quienes ejercen el periodismo.

EL EJECUTIVO, PRINCIPAL AGRESOR

El Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, concentró la mayoría de los casos de agresión a la prensa. De los once incidentes reportados vinculados al Ejecutivo, siete tienen como protagonista a la mandataria. Entre los casos más notorios figura el uso del término “terrorismo de imagen” por parte de Boluarte, para desacreditar investigaciones periodísticas, así como la restricción sistemática al libre acceso de periodistas en eventos oficiales.

La intervención del gobierno en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) mediante una contrarreforma que eliminó instancias clave de gobierno corporativo, fue denunciada como un intento de someter a los medios públicos a intereses políticos. Asimismo, se registraron ataques a expresiones artísticas, como la censura de la obra de teatro María Maricón por parte del Ministerio de Cultura.

CONGRESO APRUEBA LEYES QUE RESTRINGEN LA PRENSA

El informe también señala que el Congreso ha pasado de ser un órgano que proponía normas lesivas a uno que ahora las aprueba. Entre las más preocupantes se encuentra la ley que amplía penas de cárcel por difamación hasta cinco años y una nueva normativa que obliga a las ONG a declarar supuestos vínculos con “agentes extranjeros”, lo cual podría afectar a medios que colaboran con estas organizaciones.

Un proyecto presentado por la congresista María Agüero de Perú Libre propone que los medios presenten informes financieros detallados al Ejecutivo bajo amenaza de clausura, lo que ha sido calificado como una amenaza directa a la sostenibilidad e independencia de la prensa.

MINISTERIO PÚBLICO: DENUNCIAS CONTRA PERIODISTAS Y OMISIONES PREOCUPANTES

En el ámbito judicial, se evidencian acciones preocupantes por parte del Ministerio Público. Aunque se ha abierto investigación contra grupos radicales como “La Resistencia” por acoso a periodistas, también se ha denunciado a reporteros y medios bajo cargos como tráfico de datos personales y organización criminal. Destaca el caso contra periodistas de América Televisión y Canal N tras una denuncia interpuesta por Samir Villaverde, actualmente acusado de corrupción.

Asimismo, se abrió una denuncia por acoso contra una periodista de Willax por parte del fiscal Rafael Vela, luego de que investigara sus propiedades. Casos como estos, señala el CPP, buscan intimidar a la prensa mediante el uso del aparato judicial.

HOSTIGAMIENTO FÍSICO, CIBERNÉTICO Y CENSURA REGIONAL

El informe también documenta múltiples casos de agresiones físicas durante coberturas, como las ocurridas durante protestas en Lima y en eventos con la presencia de autoridades como César Acuña. Casos de censura regional también fueron reportados, incluyendo órdenes judiciales que exigen revelar fuentes, como ocurrió con el diario Expresión en Lambayeque, y el intento de silenciar exposiciones artísticas críticas en la Biblioteca Nacional.

Los ataques en el entorno digital no han cesado. La periodista Clara Elvira Ospina denunció insultos sistemáticos en redes sociales, que ella atribuye a campañas coordinadas por actores vinculados al poder.

PROYECTO IRTP

El Consejo de la Prensa Peruana destacó que, pese al sombrío panorama, se ha presentado un proyecto de ley –impulsado por el congresista Carlos Anderson y respaldado por el CPP– que busca garantizar la autonomía del IRTP. Esta iniciativa podría fortalecer los medios públicos y blindarlos de presiones gubernamentales.

El informe presentado por el CPP deja constancia de un deterioro acelerado de la libertad de expresión en el país, con un poder político que usa todos los mecanismos a su alcance para debilitar, hostigar o silenciar a la prensa crítica.