La Contraloría General de la República recomendó a los titulares de tres hospitales de la región Moquegua, mejorar la atención de los casos de COVID-19, luego que se identificaron diversos hechos en visitas de control realizadas en las provincias de Ilo y Mariscal Nieto.

El máximo ente de control, identificó deficiencias en el servicio de traslado de pacientes en el Hospital Regional de Moquegua (HRM), Hospital Base II de EsSalud Moquegua y el Hospital Ilo del Ministerio de Salud. Los tres nosocomios utilizaban ambulancias que no cumplían con las condiciones de bioseguridad en el contexto de la pandemia.

En el HRM y en el Hospital de EsSalud, se advirtió un inadecuado fortalecimiento de medidas de protección al personal de Salud que se debió dar en el contexto de la pandemia. En el primer nosocomio, no se aplicó a la totalidad del personal asistencial las vacunas contra el neumococo; mientras que en el segundo, no se aplicó la vacuna contra la influenza estacional.

Además, en el nosocomio del Seguro Social, se detectó un inadecuado uso y aplicación de pruebas rápidas a personal de salud sin sintomatología o que no estuvieron en contacto con personas sospechosas o contagiadas por el virus. También se evidenció la falta de capacitación al personal de salud sobre los lineamientos para el tratamiento del nuevo coronavirus.

Las visitas de control se realizaron en el marco del plan de Control Integral a la Emergencia Sanitaria COVID-19 que ha puesto en marcha el máximo ente del Sistema Nacional de Control.

A nivel nacional significó el despliegue de más de 200 auditores, quienes visitaron 97 establecimientos de salud públicos del segundo y tercer nivel de atención a nivel nacional que han sido asignados a la recepción y atención de pacientes contagiados con el COVID-19, los cuales representan una muestra significativa de casi el 50% de los más de 200 hospitales autorizados para esta materia.

En esa línea tomaron en cuenta siete (7) aspectos tales como: el área de triaje, la implementación de salas de aislamiento, la disposición real de los profesionales de salud, la distribución de Equipos de Protección Personal (EPP) a los profesionales de la salud, las condiciones y protocolos de traslados de pacientes en ambulancias, la disponibilidad de equipamiento biomédico y el funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

HECHOS DETECTADOS EN EL PAÍS

Durante el período del operativo, que fue del 21 a 24 de abril, se visitaron 97 establecimientos de salud, los cuales están adscritos al Ministerio de Salud (14), EsSalud (32), Fuerzas Armadas (3), Policía Nacional (2) y Gobiernos Regionales (46). Para cada hospital se emitieron los respectivos informes de control y en ellos se pudo evidenciar que:

La emergencia sanitaria ha provocado una reducción de casi 30% en la capacidad de profesionales de la salud en los establecimientos de salud visitados, es decir que, en promedio, atienden con el 74% de sus médicos, así como el 76% de sus enfermeras (os) y el 72% de sus técnicos (as).

Durante el operativo, los auditores contabilizaron un total de 656 camas en las UCI para pacientes con COVID-19, de las cuales 445 estaban ocupadas. Además, se comprobó la existencia de 632 ventiladores mecánicos operativos, de los cuales 453 estaban ocupados.

Tomando en cuenta estas cifras, existen 211 camas UCI COVID libres a la fecha de la visita y 179 ventiladores mecánicos libres, por lo que hay un déficit de 32 ventiladores mecánicos para cubrir la totalidad de camas UCI COVID registradas en el operativo.

Sin embargo, también se detectó que 80 ventiladores mecánicos estaban inoperativos y cincuenta (50) de ellos está en hospitales adscritos a los Gobiernos Regionales.

ACCIONES

Todos los hechos identificados por la Contraloría fueron notificados en informes de orientación de oficio dirigidos a los responsables de cada establecimiento de salud, así como a instancias superiores del sector como son Ministerio de Salud, EsSalud, PNP, FFAA y Gobiernos Regionales, con la finalidad de que se adopten, de manera prioritaria, las acciones que permitan revertir estos hechos que ponen en riesgo los servicios de salud, que son prioritarios en la actual coyuntura de emergencia sanitaria.

La Contraloría continuará supervisando y vigilando que estos hechos sean superados de manera adecuada, y posteriormente se realizarán servicios de control posterior para determinar si las situaciones adversas fueron corregidas y determinar responsabilidades en caso de no haberse corregido.