La corrupción y la inconducta funcional siguen afectando a las labores del Estado y a todos los ciudadanos, quienes esperan acceder adecuadamente a los servicios y obras públicas, y en el año 2019 ocasionaron pérdidas al país por aproximadamente 23,000 millones de soles, anunció el contralor general Nelson Shack.

“El Perú tiene un problema de corrupción, pero no se trata de casos aislados sino de una corrupción que ha penetrado a todo el sistema, es una corrupción estructural. Hemos terminado el estudio respecto a cuánto pierde el Perú por corrupción anualmente y solo en el 2019 se estima que esta ascendería a más de 23,000 millones de soles respecto del presupuesto anual ejecutado, esa sería la pérdida que habríamos tenido todos los peruanos por problemas de inconducta funcional y corrupción”, indicó esta mañana el titular de la Contraloría General.

Explicó que dicho monto equivale aproximadamente al 15% de la ejecución neta del Presupuesto del Sector Público del año pasado, y esa situación debe impulsar, entre otros aspectos, cambios a los reglamentos para la ejecución de obras para “eliminar o limitar, por ejemplo, el triángulo colusorio que forman un funcionario público deshonesto, un contratista corruptor y un supervisor que apaña estos procesos”.

En ese sentido, recalcó que las investigaciones de la Contraloría se realizan sin importar la función o el nivel jerárquico. “La ciudadanía tiene que ver que, caiga quien caiga, la corrupción no puede seguir operando”, afirmó enfáticamente.

REACTIVA PERÚ

Consultado sobre el programa “Reactiva Perú”, que otorga garantías del Estado a créditos bancarios para empresas, indicó que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) iniciará un servicio de control a dicha entidad para verificar si ha salvaguardado con velar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a los beneficiarios de los préstamos.

“Una de las preocupaciones que ya hemos transmitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en una orientación de oficio que se comunicó hace un par de semanas es precisamente saber qué medidas va a aplicar para garantizar el cumplimiento del objetivo del programa, que es promover el financiamiento de empresas para que cumplan con pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores, asegurando la continuidad de la cadena de pagos en la economía peruana”, comentó.

Asimismo, adelantó que la Contraloría acompañará la ejecución del nuevo programa del Ejecutivo denominado “Arranca Perú”, con el objetivo de propiciar un adecuado uso de los recursos que se destinarán a dicha iniciativa, la cual busca impulsar la inversión pública en los sectores de Transportes, Vivienda, Agricultura y Trabajo.

El contralor general Nelson Shack consideró importante que la segunda etapa de Reactiva Perú focalice más recursos a microempresas y se cumplan obligaciones con trabajadores. «Reactiva Perú debe beneficiar a aquellas empresas que más requieren del apoyo del Estado» señaló durante su intervención.

SERVICIOS DE CONTROL A REGULADORES

El titular de la Contraloría reveló que próximamente se estarán acreditando diversas comisiones de auditores para supervisar el nivel de cumplimiento del rol de supervisión que realizan los organismos reguladores sobre el mercado privado.

“Nosotros nos podemos intervenir sobre el sector privado y es que el Sistema Nacional de Control tiene un ámbito exclusivo sobre el sector público. Sin embargo, ello no limita que también supervisemos el trabajo de los reguladores y esa es una nueva estrategia de control, que junto con la del COVID-19, vamos a desarrollar desde julio próximo”, mencionó.

En otro momento se refirió a las denuncias respecto de la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sobre supuestas autorizaciones ilegales para el funcionamiento de universidades privadas. Al respecto, el contralor general Nelson Shack mencionó que también se atenderán intensamente esta y otras situaciones en el marco del control gubernamental.

Finalmente, Shack Yalta agregó que en el marco de la Ley N° 31016, que establece medidas para despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Contraloría ha desarrollado más de 5,500 informes de control correspondientes a diversos sectores como Salud, Educación, Transportes, entre otros, y en los cuales se han identificado situaciones adversas e irregularidades que han sido comunicados a las respectivas entidades para la adopción de medidas correctivas inmediatas.

“Ahora vamos a empezar una segunda etapa de la estrategia de control por la emergencia COVID-19 que es la del control posterior, es decir identificar individualmente a los funcionarios responsables de las distintas irregularidades en la vía administrativa, civil y penal a propósito de toda la información que hemos desarrollado durante los más de 5,000 informes de control”, comentó.