El Pleno del Congreso de la República aprobó el último viernes, por mayoría, el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo Terrones porque “habría liderado o jefaturado una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, que estaría enquistado en el Poder Ejecutivo”.

El informe en mayoría del grupo legislativo obtuvo 72 votos a favor, 40 votos en contra y cero abstenciones.

El segundo vicepresidente, Enrique Wong Pujada, conductor de la sesión plenaria, informó a los miembros de la Representación Nacional que los resultados de este informe “se tramitarán a las instancias correspondientes”.

El documento, sustentado por el titular de la comisión, Héctor Ventura Ángel (FP), en la sesión plenaria del 13 de julio último, precisa que la acusación sería por los casos Puente Tarata III, injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA), SUNAT y hallazgo fiscal de $20,000.00 en oficinas del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno y casa de Sarratea.

Por ello, y al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución, se le acusaría por la presunta comisión del delito de organización criminal, tipificado en el artículo 317; colusión tipificada en el artículo 384; y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

La comisión propone, además, formular acusación constitucional, al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas; al exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales; y al exministro Juan Carrasco Millones.