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Comisión Permanente aprueba acusar e inhabilitar a miembros de la JNJ

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este lunes, mediante una mayoría de votos, la propuesta de destitución e inhabilitación por un periodo de 10 años para los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta decisión se basa en el informe previamente respaldado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La votación se realizó de manera individual para cada uno de los seis actuales integrantes de la Junta: Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, Aldo Vásquez, María Zavala y Guillermo Thornberry e Inés Tello.

La Comisión Permanente también dio su aprobación en relación al caso de Henry Ávila, quien presentó su renuncia al colegiado recientemente.

Posteriormente, el órgano parlamentario estableció, igualmente por votación mayoritaria, la propuesta de conformar la subcomisión acusadora del caso, la cual estará integrada por Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y el legislador Esdras Medina, encargado de la elaboración del informe final.

Ambos serán responsables de presentar y fundamentar las acusaciones pertinentes ante el pleno del Congreso, donde se llevará a cabo una nueva votación sobre el informe de la Subcomisión.

Antes de esto, los miembros denunciados ejercieron su derecho a la defensa frente a la Comisión Permanente. Además, tanto Antonio De La Haza como Aldo Vásquez, presidente y vicepresidente de la JNJ respectivamente, tuvieron participaciones durante el proceso.

Según la denuncia constitucional, los miembros de la JNJ habrían interpretado la Constitución de manera que permitiera la permanencia de Luz Inés Tello Valcárcel en dicho organismo a pesar de superar los 75 años, sin tomar en cuenta el requisito de edad, que establece un rango entre 45 y 75 años para ser parte del mismo.

Indica además que los magistrados habrían solicitado la opinión de Servir para interpretar el requisito de los 75 años, junto con el mandato de cinco años para el ejercicio del cargo, estipulado en la Constitución, una prerrogativa que únicamente compete al Tribunal Constitucional.

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