El informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso recomendó acusar constitucionalmente al presidente de la República, Pedro Castillo, por incurrir presuntamente en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
Entre las conclusiones del informe se encuentra que el mandatario, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Estos puntos señalados en el informe son el marco del caso Puente Tarata, en donde también se menciona que entre Castillo, Pacheco, Villaverde y López se dieron durante el proceso de selección para adjudicar la obra.
En esa línea, sobre la base de audios y otros elementos recogidos por la comisión, el informe concluye que los empresarios que integraron el Consorcio Puente Tarata III, ganador de la obra por S/232.5 millones, habrían entregado dinero al jefe de Estado a través de Karelim López.
Del mismo modo, se resalta que Tapusa, una de las empresas que conformó el referido consorcio, también entregó dinero al entonces titular del MTC, Juan Silva Villegas, a través de Zamir Villaverde, quien hoy cumple prisión preventiva por este caso.
En otro punto, la comisión concluye que tanto Castillo como Silva ejercían control sobre algunos funcionarios como Alcides Villafuerte, exgerente de Obras de Provías Descentralizado; los integrantes del comité de selección de la obra Puente Tarata, Víctor Efrén Valdivia y Edgar Vargas; el asesor de Silva, Juan Altamirano Sánchez y Hugo Trece, jefe de la Subdirección de Conservación de Provías Nacional.
Este último, según el informe, fue recomendado por Zamir Villaverde y era el responsable de los servicios de mantenimiento de carreteras en todo el país. [Fuente: RPP]
“ES ABSOLUTAMENTE POLÍTICO”
El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, rechazó que el informe final de la Comisión de Fiscalización recomiende acusar constitucionalmente al jefe de Estado.
“Es absolutamente grave que la Comisión de Fiscalización concluya que está probado que el presidente estaría involucrado en actos de corrupción y, por otro lado, recomiende a la Fiscalía de la Nación que lo investigue porque ya lo está investigando”, manifestó.
En tal sentido, el letrado señaló que el informe es absolutamente “político” y que no tiene “rigor jurídico”. “Desde el punto de vista del derecho penal, el análisis es equivocado y ligero”, expresó.
Finalmente, Espinoza sostuvo que este documento es la prueba de que el grupo de trabajo ya había sacado conclusiones antes de oír al mandatario.
“El informe final de la Comisión que hoy (miércoles) se ha dado a conocer ratifica que la Comisión ya tenía el informe final listo cuando quiso tomar la declaración al presidente, la Comisión nunca quiso oír al presidente y generar un show”, puntualizó.
