POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Lejano ya el 25 de octubre del 2020, cuando el pueblo chileno se definía por una nueva Constitución y una Convención Constituyente a través del plebiscito, casi dos años más adelante y luego de culminada la labor constituyente, también mediante plebiscito, acudían a decidir sobre la nueva Constitución. El contexto era marcadamente diferente, de aquel entusiasta 78% que inclinó su voto por enterrar la Constitución de 1980, reflejo de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet, llegamos a estas circunstancias históricas y determinantes, con encuestas nada alentadoras que advertían hace dos semanas de un margen del 10% reducido en los últimos días a un 3%, del “rechazo” sobre el “apruebo”.
Se daba por descontado una importante participación, rompiendo todos los antecedentes, porque el voto esta vez tenía el carácter de obligatorio, con una población electoral que superaba los 15 millones; incluso se habilitó el derecho al voto y por primera vez, para las personas detenidas en cárceles por delitos de baja gravedad.
El texto de constitución sometido a este plebiscito, cierra la página de lo que significa la Constitución del régimen militar de 1980 y que si bien estuvo vigente bajo gobiernos democráticos y sometida a diversas reformas, aún se percibe como neoliberal, por la relación Estado-Mercado que sugiere y el enfoque restrictivo de los derechos sociales, con mayor incidencia en la educación y salud, lo que es un tema uniforme en la crítica, las pensiones; sin embargo, aún se pasaba por alto las enormes desigualdades sociales que fueron incubándose hasta la reacción ciudadana concretada en las movilizaciones de fines del 2019. La propuesta constitucional, es muy extensa, entre articulados y normas transitorias, superan las cuatrocientos disposiciones, en la lógica de preceptuar las variadas y complejas demandas ciudadanas, con eminente contenido social, pero también, predispone a la confusión y desorden interpretativo, como se dio en los debates extra constituyentes, con tendenciosas manifestaciones a la desorientación.
¿Qué paso, porqué en esta última etapa se percibió retroceso en el proceso político constituyente? Cómo llegamos a una situación límite, dónde encontramos cuasi equiparados el apruebo con el rechazo. La ruta que se determinó, para salir del entrampamiento político, la protesta ciudadana, el desconcierto y desapego social, fue el camino constituyente, eligiéndose en un indiscutible proceso eleccionario a 155 representantes convencionales, generándose distintos foros de discusión y debate, sensibilizando la información, apegados puntualmente a los plazos prestablecidos, para chocar finalmente con la distante unidad y consenso, que reclama este fundamental instrumento democrático. Las respuestas son distintas.
No pasemos por alto dos aspectos iniciales, la composición de este órgano, que, por decisión soberana de los electores, redujo a una modesta representación a la clase política tradicional- no obstante, el Congreso ordinario seguía desarrollando en paralelo sus actividades-; y el acuerdo de que cada disposición en el texto final debería ser aprobada por una mayoría de dos tercios de votos, si bien no la unanimidad, pero si el mayor consenso posible. Pero, sería la propia posición de los constituyentes, sostenida en criterios refundacionales, que gradualmente fueron alimentando la deslegitimación y desconfianza en los ciudadanos.
Si bien la nueva Constitución se nos propone como progresista, incorporando nuevos derechos económicos y sociales, la paridad que se viene aplicando, equidad de género y un marcado acento ecológico; también, recoge materias que han fraccionado al elector, el concepto de plurinacionalidad, ha generado preocupación y desconcierto; respecto al sistema político, se rompe con el equilibrio de poderes, se empodera al legislativo y se limita al Ejecutivo, se excluye al Senado por un Congreso para las Regiones; un complejo sistema de administración de justicia.
No es menos cierto que los grupos de poder, los grandes grupos económicos y algunos medios de comunicación han asumido un rol importante en alimentar incertidumbre ciudadana, con intensas campañas de desinformación y noticias falsas. Por mencionar un caso de tantos, en una sociedad conservadora como lo es Chile, se señaló que en la nueva Constitución el aborto se consideraba libre sin límites algunos, lo cierto es que la propuesta deriva al legislador ordinario, quien en una norma especial determina los parámetros para la interrupción voluntaria del embarazo. Pareciera una anécdota, pero fue un hecho concreto, bastante creativo y con resonancia múltiple, los auspiciadores de la nueva Constitución impulsaron una agresiva campaña de “lectura”, para que el ciudadano este informado sobre lo que decidirá, convirtiéndose el proyecto de nueva Constitución en un verdadero éxito.
No se esperaba este desconcierto ciudadano, desmarcándose del resultado del trabajo constituyente, la nueva Constitución, por ello las agrupaciones políticas que respaldan al presidente Gabriel Boric hicieron público un documento comprometiéndose a realizar sobre dicha constitución las mejoras y precisiones necesarias, una vez aprobada y en el seno del Congreso, especialmente sobre la plurinacionalidad, los derechos sociales, el sistema político, el sistema de justicia.
Seis meses de gestión del presidente Gabriel Boric, y al parecer su futuro lo endosó a la aprobación de la nueva constitución, allí encontramos la respuesta a la intensidad con que ha asumido sus mensajes de estas últimas semanas, ya anotaban que “están condenados el uno al otro, hasta el punto que la suerte de ambos es inseparable”, cual si fuera un verdadero plebiscito sobre su gestión.
Los resultados muestran un país polarizado en dos frentes opuestos no necesariamente irreconciliables, que se propone como una gran oportunidad para el presidente Boric, relucir su talla de estadista, tan necesario en estas circunstancias que lo reencuentren con su liderazgo, deberá limar las asperezas propias del proceso, generar los consensos políticos con todas las fuerzas políticas, las agrupaciones sociales, articular con el parlamento, sobre las imprescindibles políticas públicas que deben impulsarse.
Siempre nos reclamamos el momento constituyente como la circunstancia para darnos una nueva constitución, sostenida en la unidad de la sociedad, en el consenso ciudadano. Chile acudió a su cita democrática y como consecuencia de un largo y legitimo proceso; ha construido y encontrado ese caminar democrático, que debe permitir consolidar su institucionalidad y fortalecer la gobernabilidad.
