El pleno del Congreso aprobó una denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia, relacionados con las contrataciones del artista conocido como ‘Richard Swing’ durante su mandato.
El informe final recibió la aprobación con 85 votos a favor, ningún voto en contra y 4 abstenciones.
“En aplicación a lo dispuesto por el Reglamento del Congreso, el expediente con la acusación constitucional será enviado a la fiscalía para que proceda con sus atribuciones”, indicó el vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (PL), quien conducía la sesión del pleno.
La denuncia constitucional, presentada por el Ministerio Público, alega que el exmandatario habría favorecido al cantante Richard Cisneros Carballido (‘Richard Swing’) para su contratación en el Ministerio de Cultura, presuntamente sin cumplir con el perfil requerido.
La fiscalía señala que Vizcarra Cornejo habría mantenido reuniones inapropiadas con Cisneros Carballido para ofrecerle empleo, lo cual se materializó en su contratación en el Ministerio de Cultura. Además, tras la presentación de la denuncia, se alega que el exmandatario habría coordinado con los testigos para que diesen declaraciones relacionadas con este caso.
SUSTENTACIÓN DE LA DENUNCIA
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (Alianza para el Progreso), fue responsable de exponer el informe final de la Denuncia Constitucional 196 (anteriormente 451), presentada por la exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera, el 14 de octubre de 2021.
En su papel como miembro de la comisión acusadora, Camones Soriano proporcionó detalles específicos sobre cada una de las acusaciones de los presuntos delitos que se imputan al exmandatario, tal como se detalla en el informe final aprobado por la Comisión Permanente el 15 de febrero último.
La legisladora señaló que se ha demostrado que Vizcarra Cornejo sí conoció a Richard Cisneros Carballido, un proveedor que no cumplía con los requisitos necesarios para su contratación irregular, lo cual presuntamente fue coordinado con las ministras de Cultura de ese periodo.
Cisneros Carballido tampoco habría cumplido con los requisitos mínimos para prestar servicios y ser asignado a la custodia del patrimonio estatal.
También informó sobre la denuncia presentada contra las exministras de Cultura, Ulla Sarela Holmquist Pachas y Sonia Guillén Onneglio, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso y negociación incompatible. Sin embargo, esta parte de la acusación fue archivada debido a la falta de vínculo con los hechos acusados.
