La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dio inicio al juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, acusado de ser autor del delito de rebelión y otros en agravio del Estado.
El proceso se desarrolla en una sala judicial habilitada dentro del penal de Barbadillo, donde Castillo permanece recluido desde el 7 de diciembre de 2022.
Durante la audiencia, el exmandatario confirmó sus datos personales, señaló que no cuenta con defensa legal y solicitó a la jueza Norma Carbajal que se haga pública una carta que difundió previamente en la red social X.
Precisamente, minutos antes del inicio del juicio, Castillo Terrones compartió una misiva en la que calificó el proceso en su contra como una “farsa”.
“Como presidente constitucional, no acepto y no me someto a ser juzgado en este ‘juicio’ por esta Sala Penal Especial”, añadió Castillo en la carta al indicar que está “secuestrado” en el penal de Barbadillo.
Ante la falta de un abogado defensor, el Poder Judicial asignó a Pedro Castillo un abogado de oficio para garantizar su representación legal en el proceso por el fallido intento de golpe de Estado.
Poco después, el Ministerio Público presentó sus alegatos iniciales, destacando que este juicio no tiene precedentes en la historia del país. La fiscalía argumentó que Castillo atentó contra el orden democrático y constitucional, a pesar de haber llegado al poder mediante elecciones.
LOS OTROS ACUSADOS
Como coautores del delito de rebelión, el proceso también involucra a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, al exjefe del Gabinete Aníbal Torres y al exministro del Interior Willy Huerta. Asimismo, figuran los exoficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón, este último actualmente en Suiza.
El Ministerio Público ha solicitado para Pedro Castillo una condena de 34 años de prisión y el pago de S/ 65,419,038.53 como reparación civil en favor del Estado. Para los demás procesados, la fiscalía exige penas de entre 15 y 25 años, además de una reparación civil conjunta de S/ 64,419,038.
Durante la investigación se admitieron 65 pruebas documentales, 69 testimonios, peritajes forenses y grafotécnicos, además de 75 documentos probatorios de las partes involucradas. En el juicio también participarán tres peritos y se han establecido 16 objetos de convención probatoria.
Las audiencias se desarrollarán de manera presencial en el penal de Barbadillo tres veces por semana (martes, jueves y viernes) y serán transmitidas en vivo por Justicia TV. El tribunal encargado del caso está presidido por el juez supremo José Neyra Flores e integrado por los magistrados Iván Guerrero y Norma Carbajal.
El proceso contra Castillo responde al intento de ruptura del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022, cuando el exmandatario anunció la disolución del Congreso y la reorganización de diversas instituciones del Estado.
