POR: CÉSAR CARO JIMÉNEZ
Hay quienes dicen, –y comulgo en gran parte con ellos—que, a partir del año 2002, fecha en la cual se comenzó a distribuir en las regiones mineras el 50% de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos, también se incrementó en igual proporción la corrupción pública y la cantidad de candidatos que aspiraban a un cargo en las diversas entidades estatales sin mayores conocimientos técnicos ni visión, para beneplácito interesado de cierto “periodismo y periodistas”, que están muy lejos de los que Albert Camus definió como los cuatro mandamientos del periodismo libre: lucidez, desobediencia, ironía y obstinación, reemplazándolos en muchos casos por, la desinformación interesada en complicidad tanto con ciertos políticos y ciertas empresas, que son fieles practicantes de la filosofía o actuar político conocido como “gatopardismo” o “lampedusiano” que en la cita original expresa una aparente contradicción: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.
Por ello, a pesar de los miles de millones recibidos por concepto de canon y regalías mineras por el gobierno regional y gobiernos locales del departamento de Moquegua, no se puede apreciar ninguna obra de impacto, dándose por ejemplo, que ningún centro urbano tiene agua y servicios de calidad, entre la ceguera, silencio y oídos sordos, de las autoridades de ayer, hoy y mañana, dándoles argumentos a todos aquellos que justifican el “gatopardismo” en el mal uso de dichos recursos, que año tras año se usan generalmente en obras de maquillaje (léase mantenimiento) y construcción de pistas y veredas, donde no se puede medir –a propósito quizás– con precisión tanto las horas hombre trabajadas, así como las de las maquinas, aparte de los materiales utilizados tanto en cuanto su calidad y cantidad, aspectos todos que generalmente disfrazan la corrupción.
Y aquí me atrevo a sugerir que, si revisamos los planes de gobierno de los candidatos veremos que las propuestas planteadas son similares en grado sumo a las de los tres o cuatro últimos procesos electorales. Y todas ellas aspiran a seguir el modelo del “gatopardismo”, para delicia de un sistema económico cuyo fin supremo es el lucro.
Nadie plantea el comenzar a analizar cómo el Estado y la Región podrían participar en el accionariado de las empresas en porcentaje por definirse, como también en la rentabilidad de las mismas, pero no en la administración de las mineras, dado que usualmente por la injerencia política las empresas estatales peruanas generalmente fracasan estrepitosamente, cosa que por ejemplo no ocurre en Chile o Colombia.
Quizá también sea hora de comenzar a repensar las leyes del canon, regalías y/u otras, de manera tal que incluso se reciban más recursos, pero que los mismos no sean entregados en efectivo, sino en obras, las cuales podrían ser diseñadas, aprobadas y hechas realidad a través de un organismo parecido al Fondo de Desarrollo Quellaveco, en el cual deberían estar representadas las autoridades, las empresas, determinados colegios profesionales y la sociedad civil, que supervisarían o decidirían que perfiles o estudios de factibilidad deberían efectuarse para hacer obras de impacto. Y aquí, la madre del cordero: las obras serían objeto de licitación supervisada o dirigida por las grandes empresas, bajo la observación de determinados colegios profesionales.
¿Qué las obras posiblemente costarían más? Es posible, pero rebatible, dado que es bastante difícil que las empresas contratistas, –como ocurre en muchos lugares–, jueguen con la cantidad y calidad de los materiales, como asimismo con ciertas maniobras para ir a procesos de arbitraje muchas veces mañosamente concertados, cuando al frente está una gran empresa privada en lugar de una autoridad política.
Es cierto, las grandes empresas tampoco están libres de la corrupción, pero en mucho menor grado, lo que permitiría hacer obras quizás un poco más caras, pero de mayor calidad, rapidez, trasparencia y necesidad. Y lo que es mejor, tengan la plena seguridad que la corrupción disminuiría sustancialmente, así como también la cantidad de candidatontos.
Y una pregunta final: ¿Cree estimado lector, que en dicho esquema hubiese ocurrido el traspiés, –utilizando un término benigno–, que se ha dado en el proyecto agrícola Lomas de Ilo, respecto al que actúan como los monitos del circo tanto el turista gobernador regional como el gerente del Proyecto Especial Pasto Grande no dándose por enterados del sesudo análisis hecho por el Ing. Fredy Zeballos Núñez? ¿Hasta cuándo su ruidoso silencio?