La cancelación de la licencia de construcción a la compañía minera Southern Perú para el proyecto Tía María (Arequipa), puede causar grave perjuicios económicos al país si dicha compañía decide apelar a los tribunales internacionales, advirtió la exdirectora de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). María Chappuis Cardich.

“Espero que eso no ocurra con nosotros. El año pasado, por la decisión de un tribunal internacional hemos tenido que pagar US$ 50 000 000 (cincuenta millones de dólares) a la empresa Bear Creek Mining Company, (y a la) que Alan García canceló sus derechos para, igual, acabar con un problema social que (Walter) Aduviri había levantado en Puno. O sea, ya nos costó. Y (con) este tipo de problemas sociales, ya estamos pagando indemnizaciones”, subrayó.

En ese sentido, indicó que ninguna empresa en el mundo va a aceptar ser sancionada o afectada por una situación de la que no ha sido directa o indirectamente responsable.

“Una cosa es que se suspenda o se pare un proyecto, porque se te cayó una relavera y mataste a 200 personas. Esto, cualquier accionista lo va a entender. Pero lo que no va a entender un accionista, en cualquier parte del mundo, es que se detenga un proyecto porque te acusen de contaminación, cuando no has hecho nada, ni siquiera has puesto un clavo en el sitio. Porque eso va a una instancia internacional, y esto se le resuelve inmediatamente”, enfatizó.

CIUDADANÍA DEBE EXIGIR RESPONSABILIDAD POR PERJUICIOS A AUTORIDADES Y DIRIGENTES ANTIMINEROS

Por ello, la consultora en temas de minería y ambientales manifestó que la ciudadanía debe preguntar a las autoridades y dirigentes que lideran las protestas antimineras en Arequipa y el Sur del país, cuál será responsabilidad en caso las compañías decidan demandar al Estado peruano ante las instancias jurisdiccionales internacionales, por las supuestas afectaciones de las que se consideren perjudicados.

“Yo no sé qué va a seguir. Esos caciques del Sur, Llámense (Martín) Vizcarra, (Élmer) Cáceres o el de Cusco., nos están poniendo en lío atroz a los peruanos, porque esto se va a resolver dentro cinco o seis años. ¿Y qué vamos a decir cuando tengamos que pagar una indemnización de ese tamaño? Eso va a ser menos escuelas, menos carreteras, menos hospitales”, puntualizó.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Chappuis estimó también “no se habría observado el debido proceso” en la decisión de cancelar la licencia de construcción para la operación del proyecto minero Tía María, a la compañía Southern Perú, al punto que ésta “ni siquiera fue notificada”.

“Mire, no soy abogada, pero he trabajado en el ministerio (de Energía) muchos años, y sé que en nuestro país existe lo que se llama el debido proceso. El debido proceso significa que tú le tienes que comunicar al demandado, y éste tiene que presentar, en el término de unos días, sus descargos. A partir de eso, tú puedes tomar una resolución que lo puede afectar”, anotó.

Una investigación publicada el viernes por el diario “El Comercio”, revela que el Consejo de Minería resolvió, en tan sólo dos días, la suspensión de la licencia de construcción del proyecto Tía María.  La misma nota da cuenta que el Consejo de Minería sustentó la decisión en base a un informe de la Oficina General de Gestión Social que depende jerárquicamente del despacho ministerial de Energía y Minas.

CONSEJO DE MINERÍA NO SE DEBE PRONUNCIAR SOBRE MATERIAS SOCIALES

“He leído la opinión de doctora Xennia Forno, que alguna vez fue vocal del Consejo de Minería, que dice que el Consejo no se debe pronunciar sobre materias sociales, y que es la primera que lo está haciendo…  Ahora, el Consejo, para mantener esa intachabilidad (sic), tiene una norma escrita que dice que los casos se atienden por orden de llegada. No ocurre como en el Poder Judicial que un caso te puede durar veinte años, y otro te lo resuelven a los seis meses. En el caso del Consejo de Minería es estrictamente por orden de llegada”, especificó Chappuis.

Consultada sobre la autonomía del Consejo de Minería, la exfuncionaria sostuvo que éste sí lo era hasta antes del presente conflicto social por el emprendimiento minero Tía María, ya que “era una institución de los más reputada y realmente nunca hubo ningún problema con este tribunal administrativo”.