POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Distraídos por los cotidianos desencuentros de la política nacional, las legítimas manifestaciones de repulsa ciudadana y la inminente cumbre APEC incluido la inauguración del imponente puerto de Chancay, en el Congreso no detienen su irreductible marcha a coparlo y coactar todo, y como no podría ser de otro manera se vienen gestando normas sobre el sistema electoral, que tiene la responsabilidad mayor en el desarrollo de las no lejanas elecciones generales 2026, cuyo cronograma ya empezó a ejecutarse.
Tal como están las voluntades políticas en el Congreso hasta ahora y aun sujetos a su imprevisibilidad con las modificaciones, elegiremos el 12 de abril del 2026, al Presidente de la República y sus dos vicepresidentes-con posibilidad de segunda vuelta, en junio-, 130 Diputados y 60 Senadores, 5 parlamentarios andinos y sus respectivos accesitarios; coincidentemente, ese mismo año, el 4 de octubre, se darán las elecciones sub regionales, para elegir a Gobernadores Regionales y Consejeros-con posibilidad de segunda vuelta, en diciembre-, Alcaldes Provinciales y Distritales, y sus respectivos regidores.
En el Congreso se aprobaron cambios gravitantes a las leyes electorales, siendo la más notoria la eliminación de las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), devolviendo a los partidos su manejo vertical e impositivo, a la vieja usanza del caciquismo; y con un impacto mayor, que poco se destaca, al bajar el porcentaje de firmas para la inscripción de los partidos políticos, se ha atomizado la participación partidaria, pudiendo llegar a los 50, por cuanto ya no es exigible las elecciones primarias, que exigían una valla mínima y que era un verdadero filtro para su participación en las elecciones generales, aunque queda la salvedad que pueden generarse alianzas, en un ejercicio de sobrevivencia, porque para mantener su inscripción también se exige una valla mínima en los escrutinios finales. Y en el reacomodo normativo al que nos tienen acostumbrados y que debemos repugnar, con la instauración del Senado, permiten su propia reelección.
Hay dos normas con especial incidencia en el proceso electoral regional y municipal, una es la reelección inmediata por un solo periodo para alcaldes y gobernadores regionales, y la otra, es aquella que propone la eliminación de los movimientos regionales que se alistaban a participar en las Elecciones Regionales y Municipales; aunque ambas están a la espera de una decisión final en el Congreso. La no reelección se impulsó bajo un contexto de grave corruptela extendidas en las gestiones regionales y municipales, que, de un momento a otro, administraban importantes recursos de canon minero; aunque las propuestas correctivas se inclinaban por extender el periodo de gestión a cinco años, en la perspectiva de poder ejecutar y culminar proyectos, que eran severamente cortados por las nuevas autoridades.
Estando en una manifiesta crisis de los partidos políticos, pese a los incentivos que propone la ley para su fortalecimiento, como el financiamiento público, estos no han podido liberarse de las taras que por décadas arrastran y que los nuevos partidos rápidamente se han contagiado, los partidos convertidos en empresas y sus dirigentes en gerentes, cuadros políticos selectivos y cerrados, lineamientos y programas de gobierno inadvertidos, vida partidaria inexistente y reducido activismo militante; bajo esta realidad, se quiere eliminar los partidos o movimientos regionales y que sean solo los partidos nacionales quienes tengan las responsabilidad excluyente de conducir los destinos del país, la región, las provincias y distritos, la respuesta es no y sin embargo, allí está la propuesta que persigue la eliminación de los movimientos regionales. Según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, los movimientos regionales inscritos son 82, estando 25 en proceso de concretarlo.
Desde un ángulo institucional, el ente rector del sistema electoral, el JNE, ha estado sujeto al permanente acoso del Parlamento, en particular contra su presidente Jorge Salas Arenas, desde el momento en que se reconoció a Pedro Castillo como presidente, no obstante que distintos observadores internacionales y en especial la OEA, ratificaran de un resultado ajustado pero transparente; las denuncias constitucionales, la presión mediática, las impugnaciones públicas no lograron mellar su labor, que dentro de los posible, fue bastante ponderada y como corresponde, al haber culminado su periodo, la Sala Plena de la Corte Suprema eligió al juez supremo Roberto Burneo Bermejo en su remplazo y en tal condición, deberá asumir como nuevo presidente del JNE; una difícil responsabilidad en un ambiente político bastante caldeado y con actores políticos poco serios e imprudentes.
El proceso de elecciones generales no se reduce al acto electoral, es su consecuencia final, en una democracia sujeta a maltratos y desatenciones, desde su propia institucionalidad, exige estar atentos a su procesamiento, para que éstas en sus resultados finales sean lo que, en ejercicio soberano de su voto, plasme las legítimas expectativas y autónomas decisiones de los ciudadanos.
