La publicación de la Unidad de Investigación del diario Prensa Regional del contrato por 28 mil soles, suscrito entre el funcionario de la Municipalidad Provincial de Ilo Arq. Javier Huanca Barrantes con José Luis Viza Zegarra presidente de la “Organización Vecinal Renacimiento Ileño 28 de Julio” PROREVI, para favorecer irregularmente al Programa Regional de Vivienda, trajo una serie de consecuencias que aparentemente tratan de corregir la sospechosa prontitud con la que expidió una resolución a Subgerencia de Ordenamiento Urbano y Catastro que jefatura el arquitecto José La Motta Caballero.
En conferencia de prensa, el Ing. Fabio Salas, gerente general de la Municipalidad Provincial de Ilo (MPI), informó sobre las acciones que vienen asumiendo, luego de conocer que un funcionario de la entidad edil habría estado cometiendo actos irregulares que terminó con la emisión de la Resolución Sub gerencial 589-2018 que acelera la habilitación zonal del cuestionado Programa Regional de Vivienda (PROREVI).
Informó que conocidos los hechos periodísticamente, donde se está involucrado al Arq. Javier Huanca Barrantes y la organización vecinal Renacimiento Ileño de 28 de Julio, sobre un contrato relacionado con el PROREVI, se está tomando acciones administrativas y penales.
“Nos ha causado extrañeza los hechos y hemos solicitado a Recursos Humanos vea el contrato del Sr. Huanca y se ha exhortado a la Procuraduría que inicie las acciones, además se solicite el descargo del funcionario con relación al contrato que fue celebrado en el mes de marzo”, refirió.
Salas, se mostró extrañado sobre los actos, al haberse tramitado una resolución Subgerencial que no tenía conocimiento ni la Gerencia General, Asesoría Jurídica y tampoco la alcaldía, aseguró.
Se ha solicitado a la Gerencia de Desarrollo Urbano para que proceda a realizar un descargo y se analice el expidiéndote administrativo sobre la resolución.
“Vamos actuar de acuerdo a lo que indica el marco administrativo, la Procuraduría tomará las acciones correspondientes para tomar la oportuna decisión al respecto”, expresó.
SITUACIÓN ACTUAL DE FUNCIONARIO JAVIER HUANCA BARRANTES
Sobre la situación laboral actual del cuestionado funcionario, dijo que el lunes firmó el ingreso a la institución, sin embargo, no se le ha visto en su puesto de trabajo, por lo que se solicitó a Recursos Humanos que haga la verificación e informe al respecto y constatar si hizo abandono de cargo.
Fue tajante en señalar que no se aceptará la renuncia, si el funcionario trata de “escapar” a su responsabilidad. Fue contratado mediante el sistema CAS y tiene que cumplirse con los actos administrativos.
En relación al Arq. José La Motta, encargado de la Gerencia de Desarrollo Urbano, precisó que se mostró extrañado y que no tenía conocimiento sobre lo que estaba sucediendo.
ASESOR LEGAL RAMIRO RIVERA
En cuanto a la posición asumida por el asesor legal de la MPI, Abog. Ramiro Rivera, indicó que al tener conocimiento sobre el contrato con una asociación, donde se iba a sanear los terrenos y que el Arq. Javier Huanca como técnico estaba asesorando, habría una contraposición de intereses e irregularidad porque no se puede ser juez y parte.
“Él debió inhibirse del tema, al estar asesorando una asociación. Puede hacerlo fuera de su horario de trabajo, pero no resolver dentro del municipio el mismo tema, eso es lo ilegal”, agregó.
También se ha comprobado que hay irregularidades en el informe técnico, por lo tanto, el Arq. José La Motta ha presentado un informe solicitando se declare “nula” la Resolución Subgerencial 589 emitida, lo cual se hará mediante otra resolución.
Se ha instaurado un proceso administrativo disciplinario en contra del Arq. Javier Huanca, tiene 5 días para hacer un descargo y luego se tomará una medida cautelar donde se le suspenderá definitivamente.
PROCURADOR VERGARAY: “ESTO RATIFICA RED CRIMINAL”
A su turno, el procurador municipal José Vergaray, manifestó que la sanción disciplinaria no solamente es para el Arq. Huanca Barrantes, sino para el Arq. José La Motta.
Sostuvo que no se trata que se le haya inducido a un error, porque es un profesional que tiene años de servicio y debe conocer a plenitud cual era el trámite antes de firmar la Resolución Subgerencial 589, al haberse hecho tabla rasa del Decreto Supremo Nro. 02-2016 del Ministerio de Vivienda que indica el procedimiento a seguir para la aprobación.
“La Procuraduría presume que el arquitecto Huanca, habría estado trabajando en la MPI el proyecto utilizando material de la entidad edil, por lo tanto la pena del delito es mayor a los 15 años. Esto ratifica nuestra teoría sobre la red criminal ante la relación funcional que existe entre el gobernador regional, la gerente regional de vivienda y el dirigente José Luis Viza Zegarra en el delito de tráfico de terrenos y la venta de fichas de preinscripción”, aseveró Vergaray en relación a la creación del PROREVI, asegurando que tiene medios probatorios y testigos.
