La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se pronunció tras las últimas declaraciones del primer ministro Aníbal Torres, quien en entrevista al canal en YouTube “El Etnopatriota”, el reciente 19 de abril, señaló: “algo tenemos que hacer con relación a eso (el actuar de la prensa), porque ya se están pasando”.
La ANP calificó de “temerarias” estas expresiones y que “son inaceptables en un funcionario que recurre de manera reiterada a un discurso estigmatizante que rebasa una legítima crítica o ejercicio genuino del derecho a opinión”.
En esta última actuación, el primer ministro, transita de la acusación a la amenaza velada, lo que no hace más que profundizar el clima de animadversión contra periodistas y medios de comunicación indiscriminadamente.
El jefe del Gabinete de Ministros en diálogo con el militante del partido etnocacerista peruano José Flores “El Etnopatriota”, señala que “la realidad que muestra la prensa es una ficción, es una realidad creada por la prensa”, “nosotros somos atacados permanentemente noche y día por la gran prensa, o por un sector de la prensa limeña”, “la prensa no va a hablar bien de nosotros, siempre va a hablar mal de nosotros”.
En ese sentido, el ministro Torres agregó: “algo tenemos que hacer, por supuesto, también con relación a eso, porque ya se están pasando; porque es una prensa que está dañando a la niñez, que está dañando a la juventud, es una prensa que engaña, difama, desinforma, y eso es dañino para la formación de nuestra niñez, de nuestra juventud, y de nuestra propia gente, de nuestros ciudadanos”.
Esta no es la primera vez que Aníbal Torres tiene expresiones que estigmatizan al periodismo. Veinticuatro horas antes de la entrevista, el lunes 18 de abril, desde Cusco, señaló: “la prensa nos ataca todos los días, y tiene razón en atacarnos, puesto que afectamos sus intereses”.
Finalmente, la ANP recordó lo expresado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que subraya que “las más altas autoridades del Estado deben reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.