La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP cuestiona la propuesta anunciada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, de formular una modificatoria a la Ley de Radio y Televisión para imponer una “franja informativa” a fin de difundir las actividades del Estado en el marco de la lucha contra la criminalidad.

Según este anuncio, realizado en la conferencia del denominado “Cuarto de Guerra” el reciente 30 de marzo, “los medios de comunicación tendrán que difundir, en estados de emergencia, las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuente y en la lucha, que estamos haciendo frontal, contra la inseguridad ciudadana”.

La ANP considera que esta propuesta de modificatoria a la Ley de Radio y Televisión (Ley 28278) representa una irrupción en los contenidos de los medios de comunicación, inaceptable en democracia. Lo que se pretende más que una franja informativa es establecer un bloque propagandístico de las acciones del Ejecutivo. Esto contraviene estándares internacionales de derechos humanos que protegen la libertad de información y prohíben la injerencia gubernamental en los medios de comunicación.

Señalar, además, que dicha franja se implementará en los “estados de emergencia” es, en la práctica, establecerla de manera permanente, dado el uso desmedido y poco planificado de estos regímenes de excepción por parte del Ejecutivo. Por dicha razón, las declaraciones del ministro Arana revisten particular gravedad, ya que observamos un intento de controlar el contenido de los medios de comunicación.

En un contexto de permanentes arremetidas del Ejecutivo contra las libertades informativas, con escaladas constantes, resulta nocivo anunciar una propuesta de esta naturaleza. El Estado tiene el deber de informar a la ciudadanía sobre cuestiones de interés público pero esa función no puede ejercerse vulnerando la independencia editorial de los medios de comunicación ni imponiendo contenidos de manera arbitraria.