POR: JULIO FARFÁN VALVERDE [UDI – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN]
Lo que comenzó como un escandaloso destape periodístico sobre el uso de tarjetas de consumo pertenecientes a la Red de Salud Ilo terminó, casi cinco años después, con una sentencia condenatoria por peculado. Percy Huancapaza Chambi y Herbert José Ccarita Llutari, quienes ocuparon los cargos de director ejecutivo y jefe de la Unidad de Logística de dicha entidad, respectivamente, fueron condenados en primera instancia a cinco años y cuatro meses de prisión efectiva por el sonado caso “Amiguísima Cash”.
El fallo fue emitido por el juez Claudio Altamirano, quien también resolvió absolver a Amelia María del Pilar Champi Fernández, la particular que había sido comprendida en la acusación fiscal por el uso de las tarjetas electrónicas de la institución.
La decisión judicial representa un nuevo capítulo de un caso que Diario Prensa Regional destapó el 29 de noviembre de 2021, mediante una investigación documentada cuando Huancapaza ejercía funciones.
CINCO AÑOS Y CUATRO MESES DE PRISIÓN
De acuerdo al adelanto de sentencia, el magistrado Claudio Altamirano declaró la responsabilidad penal de Huancapaza Chambi y Ccarita Llutari por el delito de peculado, previsto en el artículo 387 del Código Penal.
Además de la pena privativa de libertad de cinco años y cuatro meses, se impuso una inhabilitación de cinco años y 241 días-multa. También se estableció el pago solidario de una reparación civil de S/ 6 000 (seis mil soles).
Entre las disposiciones comunicadas figura igualmente una caución de S/ 3 000 (tres mil soles), cuyo alcance procesal deberá precisarse con la sentencia íntegra.
El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Walker Ríos Calizaya, quien intervino en la investigación de este caso desde sus primeras actuaciones.
La lectura íntegra de la sentencia ha sido programada para el próximo 10 de noviembre de 2026, a las 14:30 horas. Será entonces cuando se conozcan detalladamente los fundamentos de la condena, las razones de la absolución y las disposiciones sobre la ejecución de las penas.
Por tratarse de una sentencia de primera instancia, la decisión todavía puede ser impugnada y no constituye un fallo firme.
TARJETAS PÚBLICAS PARA COMPRAS PARTICULARES
El caso gira en torno a dos tarjetas electrónicas adicionales al portador de Supermercados Peruanos S. A. (Plaza Vea), pertenecientes a la Red de Salud Ilo, cuyos fondos terminaron siendo utilizados para compras particulares, según los hechos expuestos por el Ministerio Público en su acusación.
De acuerdo con las páginas 47 y 48 del requerimiento acusatorio, oralizado durante el juicio, la Fiscalía atribuyó a Percy Huancapaza y Herbert Ccarita haberse apropiado, en provecho de Amelia Champi Fernández, de dos tarjetas de consumo: una con S/ 5 162,87 (cinco mil ciento sesenta y dos con 87/100 soles) y otra con S/ 258,15 (doscientos cincuenta y ocho con 15/100 soles).
Ambas representaban un valor conjunto de S/ 5 421,02 (cinco mil cuatrocientos veintiuno con 02/100 soles).
La acusación precisó que Champi Fernández no pertenecía al personal del Hospital de Ilo, de los establecimientos de salud de la provincia ni de la sede administrativa de la Red de Salud Ilo.
Pese a ello, el 29 de octubre de 2020 realizó una compra de diversos productos de uso personal, y no institucional, en el establecimiento Plaza Vea, ubicado en la avenida Costanera de Ilo, por S/ 1 099,84 (mil noventa y nueve con 84/100 soles), según la imputación fiscal.
El cuestionamiento central no era únicamente quién había realizado las compras, sino cómo dos tarjetas con fondos pertenecientes a una institución pública terminaron fuera del ámbito de sus beneficiarios y bajo disposición de una persona ajena a la entidad.
Precisamente sobre la apropiación de esos recursos públicos se desarrolló la acusación por peculado contra los exfuncionarios, que ahora ha dado lugar a una condena en primera instancia.
EL DESTAPE DE PRENSA REGIONAL EN 2021
La historia de “Amiguísima Cash” no comenzó en los tribunales ni con las detenciones policiales. Su exposición pública se produjo el 29 de noviembre de 2021, cuando Diario Prensa Regional publicó la investigación titulada “Escandalosa tarjeta ‘amiguísima cash’ en perjuicio de Red de Salud Ilo”.
El informe de la Unidad de Investigación (UDI), reveló la existencia de las tarjetas institucionales, los consumos efectuados y la documentación administrativa que comprometía a funcionarios de la Red de Salud Ilo.
Entre los documentos difundidos figuraba el Oficio N.° 367-2021-GRM/DRSI/DE-ADMN, del 18 de octubre de 2021, mediante el cual la entonces directora ejecutiva de la Red de Salud Ilo, María Patricia Clavijo, solicitó al procurador público regional adjunto Max Óscar Moscoso Herrera iniciar acciones legales por la presunta entrega y utilización irregular de las tarjetas.
La investigación también recogió informes de las áreas de Economía y Recursos Humanos, así como reportes de movimientos y comprobantes de compras emitidos por Plaza Vea.
Uno de los documentos señalaba que Ccarita Llutari había informado sobre la entrega de las tarjetas a Percy Huancapaza durante su gestión en la Red de Salud Ilo. Era uno de los aspectos que requerían esclarecimiento y que Prensa Regional puso bajo escrutinio público.
La publicación identificó, además, a Amelia Champi Fernández como la persona que figuraba en los registros comerciales de los consumos realizados.
La UDI había puesto nombres, documentos y operaciones concretas sobre la mesa mucho antes de que se produjeran las detenciones.
SIETE MESES DESPUÉS LLEGARON LAS DETENCIONES
El 28 de junio de 2022, siete meses después del destape de Prensa Regional, agentes de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de Arequipa y Moquegua ejecutaron un operativo que culminó con la detención preliminar de Percy Huancapaza, Herbert Ccarita y Amelia Champi.
La intervención comprendió también el allanamiento de cinco inmuebles y la recopilación de documentos, teléfonos celulares y equipos informáticos de interés para las investigaciones. En aquel momento, Huancapaza ocupaba la Dirección Regional de Salud de Moquegua, cargo del que posteriormente fue apartado.
La investigación policial y fiscal por presunto peculado había alcanzado así a los funcionarios cuyos nombres aparecieron en las publicaciones periodísticas de noviembre de 2021.
El 29 de junio de 2022, la UDI publicó un segundo informe sobre el caso, esta vez con nuevos elementos relacionados con las contrataciones de Champi Fernández en el sector Salud y las declaraciones públicas que Huancapaza había formulado después del primer destape.
Hoy, Huancapaza y Ccarita afrontan una condena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva por peculado, mientras Champi Fernández ha sido absuelta.
