POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS   

Desde una perspectiva institucional, Julio Velarde, presidente del BCR, contestaba: “Se han dado un conjunto de reglas como si efectivamente funcionaran partidos y no hay partidos” y la torpeza, entremezclada con el análisis chato -si es que lo tuvieron-, encarrilan el empoderamiento de los partidos políticos, bajo la recurrente y deteriorada premisa de fortalecer la democracia representativa.

Esta avalancha de modificaciones legales y reformas constitucionales, están destruyendo nuestra institucionalidad y una vez más, la manifiesta decisión de reducir los espacios de participación ciudadana en detrimento de nuestra propia democracia; y aún más grave, la ausencia de deliberación, negando la oportunidades de un debate público, abierto, transparente en la singular dimensión de sus contenidos, pues el proyecto ingresado al Pleno del Congreso por la Comisión de Constitución proponía la reforma constitucional de los artículos 191 y 194 de la Constitución para permitir la reelección inmediata por un solo periodo adicional para alcaldes y regidores municipales, gobernadores y consejeros regionales. Sin embargo, subrepticiamente, el mismo día de discusión y aprobación, se ingresa un texto sustitutorio modificando adicionalmente el artículo 35 de la Constitución, disponiéndose la eliminación de los movimientos regionales, allanándose el camino electoral excluyente para la sola participación de los partidos políticos o alianza electoral entre ellos, en las elecciones regionales.

Una oportuna respuesta, sobrevino de inmediato y no podía ser de otra manera del propio ente electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, “Es crucial el fortalecimiento de los partidos políticos, pero sin perjuicio de los movimientos regionales, que desempeñan un rol importante y coadyuvante en el escenario político nacional. La consolidación de la democracia requiere de la coexistencia y colaboración de las vigentes formas de organización política”

Podría argüirse que se trata de una propuesta aprobada por una contundente mayoría de 92 votos congresales, en otro contexto hablaríamos de discusión y aprobación democrática realizada por nuestros representantes, sin embargo, hace buen tiempo, se distanciaron del sentir ciudadano y de la defensa de sus intereses, hoy en su norte está el oportunismo, el alineamiento con intereses mayores y su burda pretensión de asegurarse escenarios políticos futuros. Claro, que se trata de una primera votación y que debe ratificarse en una próxima legislatura por ser reforma constitucional, lo que no es nada alentador, dado el comportamiento parlamentario, puesto en evidencia reiteradamente. Ni siquiera un instinto de supervivencia política, nos permiten encontrar nuestros legisladores, ante la limitadísima legitimidad que tienen frente a los ciudadanos.

No debemos, pasar por alto que en noviembre del 2017 con la ley 30668, empezó el gradual acotamiento de la representación ciudadana, que modificaba las leyes de organizaciones políticas y elecciones municipales, eliminándose las organizaciones políticas locales, distritales y provinciales, bajo el argumento de su volatilidad y promoverse organizaciones políticas de carácter permanente. No hace mucho, manifestación de la ojeriza contra los movimientos regionales, se aprobó en el Congreso la modificación del artículo 13-A de la ley de Organizaciones Políticas, estableciéndose la cancelación de la inscripción de los movimientos regionales si es que no participan, como mínimo, en las elecciones de por lo menos 4/5 de las provincias y distritos de su circunscripción; siendo lo vigente una valla de 2/3.

Una estadística oficial, que permite encontrar una de las principales argumentaciones de esta reforma, está en el hecho concreto y claro, que, en las elecciones regionales y municipales del 2022, de las 12,956 autoridades elegidas 7,129 provienen de movimientos regionales. Lo que se quiere es asegurar la exclusividad de los partidos políticos, en los procesos electorales nacionales y subnacionales, forzando con la ley del garrote, que solo sean representados por los partidos políticos. Los movimientos regionales fueron creación de las propias realidades sociales, económicas, culturales, que nunca encontraron atención en el centralismo, y una respuesta desde el Estado, en el concepto unitario y descentralista que orienta nuestro marco constitucional, fue aperturar los espacios democráticos para las representaciones regionales, que significó una válvula de escape a la persistente presión que se ejercitaba desde los movimientos sociales y frentes de defensa regionales.

Y en ese nocivo comportamiento Congresal, ahora se nos trata de imponer como respuesta, a lo que es una auténtica crisis de los partidos políticos, que estos son los salvadores de nuestra democracia y que deben ser arropados de todas las potestades necesarias. Lo escasamente avanzado en la reforma electoral, con incidencia en los partidos políticos, ha sido revocado por este mismo Congreso, allí están las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias, que nos devuelve al viejo caciquismo partidario, donde los “dueños” de los partidos elegirán los candidatos o la elevación de la valla para la inscripción de los partidos políticos nuevos, generando autoprotección para los existentes y trabas para los que vengan. Respecto a transparencia, especialmente en el uso de los recursos públicos, convertidos en caja chica del despilfarro y lo banal. Y en cuanto a la mejora de nuestra democracia, poco o nada que decir, los graves síntomas de corrupción sometidos en instancias judiciales, justamente provienen de los partidos políticos. Cuan interesante es una reforma política integral, empezando por adecentar los partidos políticos.

Veamos los escasos “fundamentos” de esta reforma:

1. “Las condiciones que justificaron la Incorporación de los movimientos en el artículo 35 de la Constitución han cambiado pues con el avance de los partidos políticos se ha cubierto de manera eficiente la oferta política”. ¿Eficiencia, son eficientes los partidos políticos? ¿Por qué partidos históricos como el APRA o el PPC, perdieron su inscripción? ¿Por qué Acción Popular, esta confrontado internamente y con expulsiones por doquier? ¿Dónde está el FREPAP?
2. “Las reglas de competencia entre los partidos políticos y los movimientos regionales son desiguales, lo que afecta la competencia entre estos. Ello aunado que el nivel de fiscalización y democratización es distinto”. Y acaso no es pertinente una revisión de la legislación electoral para fortalecer los procesos de fiscalización que desaparecer a los movimientos regionales.
3. “Los movimientos regionales, han promovido la desinstitucionalización de la democracia, y hasta cierto punto la corrupción debido a su bajo nivel de fiscalización y reglas no igualitarias para la competencia política”. ¿Estamos hablando de partidos políticos o movimientos regionales? Falta precisión, cuenta la ironía.