El ex consejero regional de Moquegua, el abogado Luis Miguel Caya Salazar, ha interpuesto una denuncia penal contra los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, así como contra el periodista Gustavo Gorriti, por presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo.
Esta acción legal surge luego de que se hiciera público el testimonio del ex asesor fiscal Jaime Villanueva Barrionuevo, quien reveló presuntas irregularidades en el proceso de investigación contra el expresidente Alan García.
La denuncia fue presentada este lunes 12 de febrero ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. En ella, Caya Salazar acusa a los fiscales mencionados de presunto cohecho pasivo propio, mientras que al director de IDL-Reporteros se le imputa un supuesto delito de cohecho activo genérico.
La fundamentación de esta demanda se basa en los relatos de Villanueva Barrionuevo, difundidos a través de diversos medios de comunicación. Según estos testimonios, se habrían llevado a cabo una serie de actos irregulares dentro del Ministerio Público, en los cuales los denunciados estarían involucrados con el propósito de evitar la salida del expresidente Alan García.
“Jaime Villanueva señaló en su declaración que Rafael Vela (…) le entregó información de carácter reservado correspondiente a la investigación que se seguía contra el exmandatario (…) a Gustavo Gorriti, procediendo luego de ello a buscar apoyo mediático y cobrar favores al periodista Gorriti, producto de «esa vieja negociación» para permanecer en su cargo, para que Zoraida Ávalos (…) no lo removiera de la coordinación del Equipo Lava Jato», señala la denuncia.
MARCO LEGAL
De acuerdo con el Código Penal, se comete el delito de cohecho pasivo propio cuando un funcionario o servidor público acepta o recibe «donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio» a cambio de «realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones, o cuando las acepta como resultado de haber faltado a estas últimas».
En tal situación, la sanción implica una «pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años, además de la inhabilitación».
Por otro lado, el delito de cohecho pasivo genérico se produce cuando «una persona, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativos, promesas, ventajas o beneficios para inducirlo a realizar u omitir actos en violación de sus obligaciones». En este caso, la pena contemplada es una «pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años», acompañada también de la inhabilitación.
Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, mencionó al fallecido expresidente Alan García en la declaración que brindó el pasado 30 de enero en calidad de testigo como parte de las diligencias dispuestas por la fiscal suprema Delia Espinoza.
LO QUE DIJO JAIME VILLANUEVA SOBRE LA INVESTIGACIÓN A ALAN GARCÍA PÉREZ
Según el testimonio proporcionado de fiscal Jaime Villanueva Barrionuevo, el fiscal Rafael Vela, quien lidera el Equipo Especial Lava Jato, habría buscado el respaldo del periodista Gustavo Gorriti para respaldar la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra. Esta investigación se centra en presuntas coimas recibidas por Vizcarra de la empresa Odebrecht en relación con las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua durante su gestión como gobernador de la región entre 2011 y 2014.
El exasesor de la fiscal de la Nación detalló que Vela le comunicó: «Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García porque yo a él le di toda la información para cercar a García». Esto hace referencia al momento en que Alan García se presentó ante el Ministerio Público y Gorriti publicó un reportaje en su portal IDL, revelando los recibos de pago que Odebrecht le había otorgado al expresidente por conferencias. El objetivo era ejercer presión mediática y lograr que se dictara una medida de impedimento de salida en su contra.
El 15 de noviembre de 2018, García regresó al Perú desde Madrid, España, para ser interrogado por el fiscal José Domingo Pérez sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de la línea 1 del metro de Lima a Odebrecht. Ese mismo día se publicó el reportaje de IDL. Pocos días después, el Poder Judicial dictaminó la prohibición de salida del exmandatario, quien intentó solicitar asilo en la embajada de Uruguay, pero fue rechazado. En abril de 2019, García se quitó la vida.
«Por esta información, Vela recibió apoyo, y a partir de ese respaldo, todos los periodistas de ese sector comenzaron a respaldarlo», destacó Villanueva, haciendo hincapié en que este respaldo tenía como objetivo evitar que Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación en ese momento, lo destituyera.
