El retiro de la torre de telefonía en Alto Inclán podría abrir paso a la revisión de otras antenas de telecomunicaciones instaladas en zonas pobladas de Mollendo, planteó el abogado Arturo Dueñas Segura, integrante del colectivo Mollendinos Unidos.
Sostuvo que la Municipalidad Provincial de Islay debe verificar si cada instalación cumple las disposiciones administrativas, técnicas, de seguridad y de ordenamiento territorial. Esta revisión, precisó, tendría que realizarse según las condiciones y la documentación correspondiente a cada torre.
El abogado señaló que existen otras antenas dentro de la ciudad, por lo que consideró necesario comprobar sus permisos y condiciones de funcionamiento. “Se va a generar un antecedente dentro del ámbito administrativo municipal”, afirmó.
AVISO ANTE NUEVAS INSTALACIONES
Dueñas recomendó a los vecinos comunicar inmediatamente a la municipalidad cuando adviertan que una empresa comienza a instalar una nueva torre. Consideró que una intervención oportuna permitiría verificar la documentación antes de que la infraestructura quede completamente levantada.
Según el abogado, la población puede acudir a las dependencias municipales competentes en materia ambiental y de desarrollo urbano para solicitar información sobre los permisos y requerir una fiscalización.
El integrante de Mollendinos Unidos reconoció la necesidad de contar con servicios de telefonía e internet, pero sostuvo que su expansión debe respetar las exigencias administrativas y las condiciones de seguridad aplicables.
También cuestionó que algunas instalaciones se ejecuten sin informar previamente a los residentes. A su juicio, el diálogo con la población permitiría prevenir conflictos y atender oportunamente las observaciones de los sectores involucrados.
DIFUNDIRÁN RESOLUCIÓN
Dueñas recordó que el reclamo contra la torre de Alto Inclán comenzó con una solicitud presentada el 3 de enero de 2025 e incluyó posteriores actuaciones ante la municipalidad y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.
Dio a conocer que la empresa contratista Ecytel S.A.C. para Claro S.A.C. habría colocado la estructura sin contar con la aprobación administrativa correspondiente.
El abogado anunció que solicitará el documento municipal que sustentó finalmente el desmontaje, con el propósito de conocer sus fundamentos y compartirlos con dirigentes que afronten situaciones similares.
“Vamos a solicitar, vía transparencia y acceso a la información pública, que nos proporcionen la resolución final emitida por la municipalidad”, manifestó.
