POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Magullada, desconcertada y ahondando la brecha de desconfianza hacia esa institución fundamental en nuestra vida y relación en sociedad, ahí esta nuestra Democracia. Aquella que dentro del marco constitucional permite nuestro desarrollo en libertad, dignidad, igualdad, respeto, pluralidad y en su expresión formal, que sean sus ciudadanos quienes elijan a sus autoridades.
Cinco años atrás, en un contexto similar post segunda vuelta, el resultado de la ONPE expresaba una diferencia de 41,057 votos válidos entre una y otra fuerza política de entonces; hace unos días la misma ONPE entrega los resultados y la diferencia es de 44,240 votos válidos, entre una y otra propuesta política; Fuerza Popular perdió por estrecho margen en ambas elecciones.
A las pocas horas de los primeros resultados la candidata Fujimori en una rueda de prensa manifestaba que se detectaron irregularidades en el proceso electoral, destacando la importancia de evidenciarlo, “pidiendo a los ciudadanos que denuncien los casos que conozcan”. Es decir, sin pruebas elevaba la voz aduciendo un supuesto «fraude» en el recuento, señalando responsabilidades en su rival. Estábamos advertidos que sobrevendrían semanas complicadas, como se viene corroborando.
Hace algunos días conversando con un grupo de estudiantes, uno de ellos me decía que este proceso electoral ha puesto en evidencia la labor de los abogados. Las evidencias por doquier, impugnaciones ante el sistema electoral, Hábeas Data, demandas de Amparo, medidas cautelares, interpretaciones, primacía de la Constitución, amplios espacios para el uso correcto o incorrecto de lo que significan los institutos procesales para defender el voto ciudadano, la objetividad y transparencia del escrutinio final.
No descalificamos personas y contenidos, desde una perspectiva democrática exigimos objetividad, solidez argumentativa, verdad y claridad en la exposición de los hechos. Se trata de fortalecer institucionalidad, de sembrar cultura democrática y de alguna forma ejercer docencia cívica. Es embarazoso el esfuerzo de algunos en desnaturalizar nuestro orden democrático constitucional, apelando a criterios extremos, escasamente serios y con un manifiesto sesgo analítico perdiendo objetividad, renunciando a nuestros principios y compromisos democráticos.
Cabe recordar que el partido Aprista no participo en las elecciones y el PPC lo hizo de manera limitada sin soporte de candidatos parlamentarias. ¿Qué paso? En el caso del APRA, el JNE decidió no inscribir casi todas las listas parlamentarias que fueron presentadas fuera del plazo permitido legalmente, lo que motivo a retirar su plancha presidencial.
En el caso del PPC, el JNE decidió en última instancia rechazar la candidatura de 33 de los 34 candidatos para la jurisdicción de Lima Metropolitana, porque la subsanación que entregaron fue fuera del plazo correspondiente.
Es decir, el marco normativo electoral prestablecido al proceso, es de obligatorio cumplimiento y de aplicación general para todas las agrupaciones políticas participantes. Recalco esta casuística, como necesario antecedente, a lo que hoy se intenta imponer (romper los plazos preclusorios), objetar las reglas determinadas para todos los participantes, lo que es una garantía del debido proceso electoral.
En igual sentido, y ante la amplia variable de impugnaciones procesales que avisan, existe reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el sentido de que “ningún otro órgano del Estado se arrogue la administración de justicia sobre los asuntos electorales, pues en esta materia técnico-jurídica, el JNE es, en efecto, instancia definitiva” (STC 05854-2005-PA), y responde a la seguridad jurídica que debe enmarcar a todo proceso electoral.
La democracia convoca a todos los ciudadanos, y quienes tienen experiencia política-mayor responsabilidad-, para ponderar actitudes, generar entendimientos, indiscutible sometimiento al orden constitucional, evitar enfrentamientos triviales, y sin embargo, pareciera un dispendio de oportunidades, agravados con insinuaciones “golpistas” propias de quienes tienen recelos democráticos y proclives al autoritarismo, que tanto señalan contra otros.
Es pues, en estas circunstancias, que permiten identificar algunos actores políticos perniciosos, motivando a una necesaria renovación generacional, donde la juventud tiene -sin reparos- que asumir roles protagónicos y renovadores, en una perspectiva país que exige un rumbo diferente.