POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
El último jueves, la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de Eladio Loizaga, excanciller paraguayo, presentó su informe sobre la situación política del Perú, recomendando una “tregua”, en tanto se convoca “a una instancia de diálogo formal entre presidencia, legislativos, altas cortes, representantes de partidos políticos y miembros de la sociedad civil, libre de condicionamientos”. Más allá de las buenas intenciones, de las que está plagado el infierno, surge la interrogante ¿cómo?
Previamente debemos recordar que en nuestro país vivimos en democracia. Con Pedro Castillo Terrones en el gobierno, o, mejor dicho, a pesar del ilustre profesor chotano. Así, la Constitución Política garantiza el check and balance, o también denominado control y equilibrio de poderes en el Estado. A través de ello, cada entidad goza de autonomía (incluyendo la independencia e imparcialidad), cuyas funciones son exclusivas y excluyentes respecto de otras. Tenemos por ejemplo al Ministerio Público como titular de la acción penal, persecutor del delito; al Poder Judicial como administrador de justicia; al Tribunal Constitucional como el supremo intérprete de la constitución, conocido también como legislador negativo; y al Congreso de la República como el encargado, entre otras, de legislar y de ejercer control político sobre los actos del Ejecutivo.
Entonces, señores OEA nuevamente la pregunta ¿cómo? ¿Acaso pretendiendo que la Fiscalía deje de investigar las acrecentadas denuncias contra el Castillo y sus secuaces (entendiéndose a sus familiares y allegados); o que la Defensoría del Pueblo no intervenga en los incrementados conflictos sociales producto de la inacción de los ministerios; o que la Contraloría General de la República no evacúe informes de control recomendando sanciones administrativas y/o penales a cuestionados funcionarios contratados en este gobierno; o que el Parlamento no interpele, censure, ni forme comisiones investigadoras (acaba de admitirse a trámite la tercera -y quizá la última- moción de vacancia promovida contra el mandatario, citándolo para este jueves 7 de los corrientes a que ejerza su derecho de defensa), etc.?. La respuesta es sencilla: IMPOSIBLE, pues como oportunamente lo sentenció el propio Tribunal Constitucional “nadie está exento de control”, agregando que, bajo el tan comentado Principio de Legalidad, que rige en toda la administración pública, lo que está escrito en la norma está permitido (entendiéndose como facultado), y lo que no simplemente está prohibido. Ninguna persona puede ni debe pretender rehusarse al cumplimiento del deber.
Parafraseando la máxima “lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas”; es decir, lo que sucede en el Perú queda (y debió quedar) en el país. Pero no, Castillo Terrones, en su ahogamiento y agotamiento político, recurrió a la OEA denunciando “complot contra la democracia”, “dictadura parlamentaria”, invocando la Carta Democrática. Este organismo supranacional, lejos de preguntar primero, informarse preliminarmente de lo que acontece aquí, anunció y envió una Misión de Alto Nivel, cuyo paso por Lima más pareció una participación de festival gastronómico (claro que pagado de nuestros bolsillos). No seremos Francia o Inglaterra en lo que respecta a institucionalidad democrática, pero tampoco somos Venezuela, Bolivia o Nicaragua.
Está claro que la visita de estos ilustres comisionados, así como sus conclusiones preliminares ha generado más brechas; ergo, una mayor polarización en nuestra clase política, sufriendo las consecuencias nuevamente la población más necesitada.