A más ciudadanía, menos corrupción

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POR: BETO LAJO PAREDES   

El 17 de junio de 2020, los medios de comunicación, difundieron las declaraciones de Nelson Shack, contralor General de la República, dijo: “En el 2019 el Perú perdió aproximadamente 23 mil millones de soles por corrupción respecto al presupuesto anual ejecutado, de acuerdo a un estudio que terminó la Contraloría General de la República” (Tvpe Noticias, está en internet). Dicho estudio “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú (una aproximación exploratoria)”, se encuentra en internet.

TRIÁNGULO COLUSORIO

El contralor hace el siguiente comentario: “Hay que eliminar o limitar, por ejemplo, el triángulo colusorio que forman un funcionario público deshonesto, un contratista corruptor y un supervisor que apaña estos procesos”; también señaló: “El Perú tiene un problema de corrupción, pero no se trata de casos aislados, sino de una corrupción que ha penetrado a todo el sistema, es una corrupción estructural”.

REGIDORES ¿CÓMPLICES DE LA CORRUPCIÓN?

Hay corrupción, ineficiencia y malas prácticas en las municipalidades, porque los regidores de mayoría NO FISCALIZAN (hay honrosas excepciones, caso Concejo Municipal de Mejía), más bien, traban las acciones de fiscalización de los concejales de minoría.

Ello se evidencia, en varios hechos: 1.- No hacen labor de comisiones, por mandato de la Ley presiden e integran Comisiones Permanentes y Especiales, pero, nunca se reúnen. Omitiendo la función de: analizar la documentación de los temas de agenda; de convocar a funcionarios para oír sus opiniones técnicas, administrativas y legales. Tener comisiones activas, permite conocer el tema a cabalidad, detectar vacíos, errores e inconsistencias; para luego subsanarlas. Lográndose que, al tratarse la Agenda en sesión de concejo, la exposición, el debate y la decisión, se hagan con conocimiento de causa, intervenciones enriquecedoras, y votación responsable. 2.- No piden informes con fines de fiscalización, al alcalde y funcionarios, sobre: obras; apoyos y/o donaciones; avance presupuestario; cumplimiento de ordenanzas municipales, acuerdos de concejo y decretos de alcaldía; etc. con lo cual, transgreden la obligación de fiscalizar. 3.- No se reúnen con las organizaciones de la sociedad civil, ni con los vecinos, mediante audiencias extramuros. Incumpliendo el deber de representación de los vecinos. 4.- Hacen informes, pedidos y propuestas que, en la generalidad de casos, no son acogidos por el alcalde. Ante lo cual, los regidores no hacen respetar sus propios reglamentos internos de concejo (RIC). 5.- Se reúnen en “consejillo” con el alcalde, funcionarios y asesores; recibiendo –no información-, sino instrucciones para aprobar los proyectos del alcalde y funcionarios. Anulando la labor de Comisiones.

CIUDADANÍA ALIADA DE LA TRANSPARENCIA

El derecho y deber de participación de los vecinos en el gobierno municipal, está amparado, regulado, y desarrollado ampliamente, en la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Participación y Control Ciudadanos, Ley de Transparencia, Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley del Presupuesto Participativo, Ley de Protección para el denunciante de actos de corrupción, y otros.

Con ciudadanía participativa, habrá más transparencia en la gestión edil; a más transparencia, menos corrupción; a menos corrupción, más recursos para financiar: servicios públicos locales, ejecución de obras y adquisición de bienes; en beneficio directo e inmediato de los pueblos. Así el Perú, no volverá a perder otros 23 mil millones de soles en corrupción.

Las comisiones de regidores, deben ser integradas por organizaciones vecinales y ciudadanos representativos. Debemos propiciar un estímulo moral y económico, para los vecinos participativos, y una Alianza de Fiscalización Institucional, de vecinos vigilantes, regidores, consejeros regionales, congresistas, Contraloría General de la República, Fiscalía de Prevención del Delito, Colegios Profesionales y Prensa honesta sin tratos ni contratos con municipalidades, proveedores y empresas fiscalizables en temas ambientales.

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