La noticia ha remecido las bases sindicales de la provincia de Islay y la región Arequipa, al conocerse la madrugada de ayer la detención del dirigente mollendino José Luis Chapa Díaz como secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA); Andrés Saya Alarcón, secretario general del sindicato de Construcción Civil de Arequipa y al menos nueve personas más. A los detenidos se les acusa de formar parte de una organización criminal denominada “El Ladrillo Sindical del Sur”, presuntamente vinculada a los delitos de extorsión y cobros de cupos a empresarios de construcción en Arequipa, según la Fiscalía contra el crimen organizado, a cargo de Rosmery Mendoza Palomino.

DESDE LA MADRUGADA

El mega operativo se efectuó a las 2:30 am. en la ciudad de Arequipa, en la vivienda que Chapa Díaz alquilaba en el distrito de Miraflores, y en simultáneo a Saya Alarcón en Alto Selva Alegre y las demás personas en un total de 22 inmuebles allanados, con la participación de más de 500 policías y 22 fiscales.

INTERVENCIÓN DE LOCALES

A ello se sumó la intervención a los locales de la FDTA en la calle Santa Catalina, cercado de Arequipa; el local del Sindicato de Construcción Civil en la calle Arica y las viviendas de los investigados en algunos distritos de la ciudad. Además se intervino las oficinas del Gobierno Regional de Arequipa, la Gerencia de Diálogo y Gobernabilidad, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) con el fin de recabar documentación al respecto.

EQUIPOS, DOCUMENTACIÓN Y DINERO

En el allanamiento se confiscó teléfonos celulares, tabletas, memorias externas y computadoras y documentación para hallar las evidencias que prueben las responsabilidades de los detenidos. . En el operativo se logró incautar un poco más de 60 mil soles.

HASTA 30 AÑOS DE CÁRCEL

Los 11 detenidos son investigados por los delitos de extorsión y crimen organizado y estarán en esa condición durante 15 días hasta que la Fiscalía plantee si van a prisión preventiva, tras lo cual, de establecerse responsabilidades, la pena podría alcanzarles 30 años de cárcel.

MODUS OPERANDI

En su momento, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado dijo que “es una organización criminal que se dedicaba a extorsionar a los empresarios inmobiliarios a través de los sindicatos. Exigían cupos a las obras y ponían trabajadores fantasmas”

Se supo que la investigación comenzó en febrero de este año, con antecedentes desde el 2017, cuando los agraviados presentaron las denuncias por extorsión. Para esta fase de investigación, la policía empleó diversas técnicas especiales que la ley les ampara, como declaraciones de testigos protegidos, levantamiento del secreto de las comunicaciones, interceptación telefónica y video vigilancia, con lo que se demuestra la comisión de los delitos contrala tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y contra el patrimonio en la modalidad de extorsión en agravio del Estado peruano y personas jurídicas destinadas a actividades de construcción civil.

La hipótesis de la Fiscalía es que los supuestos líderes, José Luis Chapa Díaz y Andrés Saya Mamani, habrían pedido cupos a empresarios del rubro de construcción, a cambio de permitirles trabajar con tranquilidad.

El coronel PNP Marco Conde, jefe de la Dirección de Investigación Contra el Crimen Organizado sostuvo que “presionaban y extorsionaban a los empresarios, pidiéndoles puestos laborales o la llamada cuota sindical. Los llamaban por teléfono, en ocasiones generaban agresiones contra los trabajadores o encargados de obras” sostuvo en su exposición.

Por su parte el abogado del dirigente, José Luis Chapa, Agustín Núñez afirmó que se trataría de una “persecución política” debido a que su defendido dirigía uno de los gremios importantes en las protestas contra Tía María y en la lucha de los trabajadores en Arequipa. “Trataremos de desvincular a mi patrocinado de los delitos que le están imputando” declaró.