La Audiencia Nacional de Madrid confirmó la extradición del exjuez supremo César Hinostroza por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, informó el Poder Judicial de España.
Dichos delitos, explicó el tribunal, corresponden a tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, tipificados en el Código Penal español.
De igual forma, la sala rechazó el recurso de súplica de la Fiscalía así como el recurso de la representación procesal de la República de Perú, que solicitaban su entrega por el delito de organización criminal.
Los magistrados recordaron que dicho tipo penal exige que se den datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por ese grupo y organización y cuál fue la participación concreta de cada uno de los miembros.
Tras considerar que es preciso concretar más los datos, el tribunal refirió que el número de intervinientes en los hechos presuntamente delictivos se reduce a dos personas, no apreciándose el requisito de estabilidad, permanencia o finalidad de cometer varios delitos, necesarios para integrar el delito de organización o grupo criminal. La sala desestimó también el recurso de Hinostroza que pedía que se declarara improcedente su entrega al Perú.
Descartó, en ese sentido, que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del reclamado o que haya sido objeto de una persecución política, como argumentaba el exjuez supremo en su recurso de súplica.
LOS ARGUMENTOS DE LA JUSTICIA
Los magistrados señalaron que en los hechos incluidos en la solicitud de extradición se describen conductas de Hinostroza que podrían integrar los delitos de tráfico de influencias, en cuanto que suponen el ejercicio de influencia y presión moral eficiente.
Ello, aprovechando su cargo como juez supremo “y su amistad con los influidos que sabe le guardan lealtad, para obtener resoluciones administrativas guiadas por intereses ajenos a los públicos que deben guiarlas y que han supuesto beneficios económicos para él”.
Entre otros beneficios, se señala la sentencia a su favor que obtuvo por parte de un juez o beneficios para las personas que consiguieron ser nombradas para puestos de trabajo con incremento de sus ingresos y mejora de sus condiciones laborales.
